Vocero presidencial: regresión y censura

El presidente Enrique Peña publicó un Decreto el viernes pasado en el Diario Oficial, que añade un artículo al Reglamento de la Oficina de la Presidencia y revive en Los Pinos el cargo de vocero. Peña le está haciendo con ello un nuevo daño a su país, como a continuación se puede ver.

Con independencia de la manipulación de datos que pueda a futuro realizar o no el nuevo vocero presidencial, Eduardo Sánchez, la propia creación de la vocería, en la modalidad que se adoptó, constituye una regresión. Lo cual deriva, inicialmente, de las normas que rigen el puesto mencionado.

De acuerdo con aquel Decreto, entre las funciones de la nueva vocería presidencial se cuentan las de:

“Convocar a reuniones de trabajo a los titulares de las áreas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con objeto de diseñar y coordinar la estrategia de información gubernamental” (art 4 bis).

Lo anterior significa que Sánchez, es decir la mano de Peña, que es la que mece esta cuna, va a intervenir en la política de comunicación de todas las secretarías. El vocero es el que convoca a esas juntas y, por tanto, él es el que manda en ellas. La supuesta coordinación que el decreto estipula, es un mero eufemismo para endulzar la amarga verdad de que la Presidencia está centralizando de nuevo la comunicación del gobierno federal.

Digo que Peña centraliza “nuevamente”, pues en el pasado, la transición mexicana ya había logrado democratizar la comunicación del gobierno federal. Ya habíamos superado ese problema, hasta que llegaron los peñistas con sus grandes ideas. Es por ello que puede hablarse con toda propiedad, una vez más, de una regresión autoritaria del PRI.

Vicente Fox y su vocero Rubén Aguilar, articularon la comunicación del gobierno federal en aquel sexenio de modo tal, que cada una de las dependencias ejecutaba separadamente su política de comunicación social, por lo que así se pulverizaba el poder corruptor y manipulador del régimen priista.

Ya no era factible llevar a la práctica tan alegremente el vergonzoso refrán de los presidentes salidos del PRI, que afirmaban con sucio cinismo “No pago para que me peguen” (lo dijo José López Portillo) que en un lenguaje menos rufianesco, significaba que el gobierno federal no contrataría publicidad con medios de comunicación críticos o adversos al propio gobierno.

Con ese raciocinio de cañería, los gobiernos priistas controlaban a la prensa, pues al medio de comunicación que se salía de lo que marcaba Presidencia, se le castigaba –inicialmente- dejando de comprarle publicidad.

Temas que durante el priato la prensa no podía criticar, eran la propia Presidencia, el Ejército y “la virgen de Guadalupe”, como recuerda, junto con decenas de perturbadoras e inesperadas revelaciones, el ejemplar recuento de las relaciones entre el priismo y la prensa que hace el libro “La otra guerra secreta. Los archivos prohibidos de la prensa y el poder”, de Jacinto Rodríguez Munguía.

Es decir, aquellos cretinos se sentían al parecer a la altura nada menos que de la madre del creador. ¿A qué altura amanecieron el viernes pasado, cuando publicaron su Decreto?

Además de dejar de comprar publicidad a ciertos medios, el boicot, golpeteo o cierre de periódicos es parte de la historia del régimen priista. Dádivas pulguientas a periodistas eran otra forma de corromperlos, comprarlos y “alinearlos”.

El deporte extremo del priato en su trato con los periodistas, era mandarlos matar. El caso emblemático fue el asesinato del periodista Manuel Buendía, asesinado por agentes de la secretaría de Gobernación –la misma donde Eduardo Sánchez despachaba hasta la semana pasada como subsecretario-, al parecer debido a que descubrió y/o estaba por hacer públicos los vínculos que la CIA estadounidense y el gobierno priista tuvieron con el narcotráfico, en particular con el recientemente liberado capo Caro Quintero –mire usted qué casualidad- con objeto de obtener dinero, para enviar armas a la entonces contrarrevolución que pretendía derrocar al régimen sandinista de Nicaragua.

Hoy, Enrique Peña vuelve por los pasos de la historia y hace que regrese el pasado y el autoritarismo, desde la comodidad de su propia oficina. Los directores de comunicación social de las diversas secretarías tendrán ahora que diseñar la estrategia de propaganda del gobierno “coordinados” con el nuevo vocero, o sea bajo su supervisión y mando. Y por esta razón, en la Presidencia se va a terminar decidiendo -cuando menos- a quién se le compra publicidad y a quien no, con la misma perversidad que en el pasado.

El mencionado decreto peñanietista establece también, de manera un tanto redundante, que el vocero supervisará la ejecución de la estrategia de comunicación del gobierno (fracción II) y coordinará las áreas de comunicación de cada dependencia (frac. III), lo que habla de una centralización y por tanto de una regresión.

Mención especial merece la fracción V del Decreto presidencial, por lo mal hecha que está. Dice este engendro que, si Peña escribe como habla, parecería salido de la pluma del mismísimo primer mandatario:

“V. Coadyuvar en el apoyo para la realización de programas, campañas o acciones específicas de información gubernamental, en coordinación con las instancias competentes”.

La ambigüedad que deriva de la dificultad legal de establecer qué trataron de decir con “Coadyuvar en el apoyo (,,,) en coordinación con”, es un ejemplo de cómo NO se deben redactar los textos legales. Esto no solo refleja la mala calidad de su trabajo, sino que hace imposible exigirles cuentas, pues si no se puede entender con precisión lo que los funcionarios mismos tienen qué hacer, mucho menos se les puede exigir que lo hagan. Porque… esto no fue deliberado ¿verdaaad?

Por cierto, el Decreto citado menciona también que el Vocero del Gobierno de la República –este es su nombre oficial- “intervendrá en el diseño e implementación de las estrategias de información gubernamental, bajo los principios de transversalidad, congruencia, transparencia y rendición de cuentas, en coordinación con las instancias competentes”.

El vocero ya lleva dos días en el cargo y por tanto, lleva tiempo más que suficiente para comenzar a rendir cuentas ; Pero Transparencia y Rendición de Cuentas es algo que el PRI, el partido de Enrique Peña, durante toda su historia ha querido “borrar de su diccionario”. Por ello, podemos usted y yo preguntar válidamente lo siguiente:

¿Quién va a decidir ahora a qué medio de comunicación le comprarán publicidad las diversas secretarías del peñanietismo? ¿Se pretende golpear a los medios independientes al prohibirse a las dependencias que contraten con ellos publicidad? ¿Es por medio del dinero, es decir de sus gastos en publicidad, como nos va a censurar ahora Enrique Peña?

por Ah Muán Iruegas  / elarsenal.net