Y… en qué país andan hoy los expertos del caso Iguala

El contribuyente mexicano paga 136 mil pesos mensuales a cada uno de los cinco expertos de la CIDH por investigar el caso Iguala. Pero la Cámara de Diputados no puede encontrarlos para que le informen sobre sus avances en la indagatoria, porque… ninguno se encuentra en México.

Resulta oneroso para el Estado, y abusivo para muchos mexicanos, el comportamiento displicente de estos cinco juristas que, en un año de labores (bueno… cuando están en México), no han podido demostrar ninguna de las teorías que plantearon para rebatir la versión oficial de los hechos.

Y que, además, su salario, pagado del erario de los mexicanos, es más alto, por ejemplo, que el del Jefe de Gobierno, Miguel Mancera (104 mil 911 pesos al mes), el gobernador de Morelos, Graco Ramírez (100 mil) y es más de cinco veces superior a los 22 mil pesos que cobra un perito de la PGR.

Todo esto, según reportes de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Organización de los Estados Americanos sobre los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Iguala, que recibe un millón de dólares por cada seis meses de labores, y lleva un año.

El nueve de marzo, la Comisión Especial que da seguimiento al caso Iguala en la Cámara de Diputados acordó llamar al GIEI para que le informe sobre sus pesquisas acerca de la desaparición de los 43 normalistas, pero Omar Gómez, su enlace en México, informó que los expertos andan de viaje.

“Pues voy a tratar de comunicarme con los expertos para tratar de conciliar, en el tiempo que estén en México, una reunión coordinando su agenda de trabajo”, le dijo Gómez a la presidenta de la Comisión legislativa, Guadalupe Murguía.

Bonita manera en la que están siendo usados nuestros impuestos: para costear viajes al exterior a quienes les pagamos para que trabajen y den resultados aquí y que en un año sólo han presentado un “informe de labores” que es pura retórica, sin datos comprobables ni estudios científicos.

De uno de los expertos se sabe que dobletea: el chileno Francisco Cox también investiga desde el año pasado en Uganda, donde forma parte de la Victims’ Foundation para defender a un soldado acusado de secuestrar, violar y matar a miles de personas.

Mientras el español Carlos Beristain y la guatemalteca Claudia Paz y Paz se encontraban el mes pasado en Bruselas para pedir apoyo al Parlamento de la Unión Europea para quejarse de que no han podido entrevistar a militares, con la idea de presentar su segundo informe el 30 de abril.

¿Cómo se llama eso? Pues para qué jugar con las palabras: turismo político.

Con nuestros impuestos.

POR RUBÉN CORTÉS / MESA REVUELTA / elarsenal.net