¿Y las manos limpias?

La foto circuló, a mediados de noviembre del año pasado, en Facebook y de allí la tomaron los editores del Diario Maya, una publicación electrónica con impacto en la península de Yucatán: con una guayabera blanca y con bordados azules, el jefe nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, posa sonriente junto a Ileana Jeannete Herrera para la fotografía que toma con su teléfono celular, su anfitriona, Yolanda Valladares.

En el Lear Jet 45, del empresario Amado Yáñez Osuna, Madero Muñoz y otra distinguida panista campechana, la ex diputada federal Nelly Márquez Zapata, volaron desde Toluca hasta Ciudad del Carmen. Era una ocasión especial, que ameritaba puntualidad y atingencia: se cortaría el listón inaugural de la nueva sede estatal del PAN en Campeche.

El jefe nacional del PAN tiene uno de sus núcleos de apoyo más sólidos en el sureste mexicano en aquella entidad del Golfo de México, antiguamente considerado un bastión del calderonismo por obra y gracia de Juan Camilo Mouriño. En el último tramo del sexenio anterior, el panismo campechano se plegó al entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, quien cumplió antiguos compromisos y respaldó la nominación de Mario Ávila Lizárraga al gobierno estatal en el 2009.

En tierras petroleras, la cúpula panista nunca ha pactado con las bases sindicales. En cambio, en las compañías proveedoras de Petróleos Mexicanos –como Oceanografía y otras empresas, como Cotemar o Diavaz, por mencionar a dos de las “fleteras” más beneficiadas en los últimos dos sexenios, o las empresas de la familia Mouriño– hallaron mecenas para sus actividades político-electorales.

El estilo hankista de hacer política del extinto secretario de Gobernación fue replicado por otros dirigentes panistas… o a la inversa: muchos de los empresarios que “invirtieron”en las campañas del 2006, hicieron nuevas apuestas, seis años después. En Los Pinos, circularon otras imágenes de Gustavo Madero a bordo de un jet que le habría prestado Arturo Rojas Cardona, permisionario de Entretenimiento de México, para desplazarse por todo el país.

En el 2006, Rojas Cardona se habría acercado a los calderonistas, a través del empresario jalisciense Abraham González Uyeda, con la esperanza de obtener para uno de sus incondicionales la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, una de las oficinas más codiciadas dentro de la administración pública. ¿Las otras? Pronósticos Deportivos, la administración general de Aduanas, Lotería Nacional y, por supuesto, las filiales de Pemex, por citar a las más disputadas.

En el 2012, en Los Pinos también se recibió información sobre los traslados que Josefina Vázquez Mota realizó por distintos puntos de la República Mexicana en aviones “prestados” por el empresario Federico Martínez, mandamás de Tradeco, la constructora consentida del sexenio pasado. Con menos atención, también se observaron los reportes de algunos traslados aéreos realizados por Ernesto Cordero en aviones privados, presuntamente rentados por empresarios jaliscienses, aunque pertenecen a la flota de Manuel Arroyo.

Yáñez Osuna y Martínez; Susumo Azano, los hermanos Rodríguez Borgio y los Rojas Cardona. Los empresarios que fondearon muchas campañas panistas en la última época, ahora son blanco de acciones judiciales. ¿Rendición de cuentas o persecución virulenta a la estructura de financiamiento panista?

Allí está, como muestra contundente, el exhorto tramitado por la bancada priista en el Senado de la República, para que la Secretaría de la Función Pública sancione las irregularidades en el proyecto carretero Durango-Mazatlán durante el año 2012, “a fin de que se apliquen las penas y medidas correspondientes a quienes resulten responsables” de una malversación que supera los 1,000 millones de pesos.

EMBESTIDA. Los senadores priistas suscribieron además sendos puntos de acuerdo para demandar a la PGR y a la SFP que las pesquisas que se realizan al ex director de Caminos y Puentes Federales, el panista José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez, por presuntos fraudes en contra de constructores, se incluyan los señalamientos de adquisición de equipos a sobreprecio y presunto desvío de recursos públicos a cuentas privadas. Y también exhortaron a la Auditoria Superior de la Federación, para que realice las auditorías necesarias y  presente un informe pormenorizado sobre las probables irregularidades en la ejecución de los recursos destinados al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que presidió Consuelo Sáizar, para la remodelación de los Estudios Churubusco, la Cineteca Nacional y el Centro Cultural Elena Garro, durante el periodo 2010-2012.  De algo servirán, pues un llamado similar formularon hace seis meses, para que fuera investigada la ex vocera presidencial Alejandra Sota. Ese expediente ha sido completado y están a punto de deslindarse responsabilidades.

FALACIAS. Hace una semana, los accionistas de Petolof –permisionaria de casinos en Monterrey– acudieron a la delegación de la PGR en la Ciudad de México para demandar a la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam esclarezca la autenticidad del acta circunstanciada SEIDO/UEIDORPIFAM/178/2013, supuestamente abierta a solicitud del agente especial de la DEA, Reed Esterak, para investigar presuntos nexos del empresario regiomontano Sergio Gil García con organizaciones criminales. La copia de esa averiguación previa entregada al ministerio público Julieta Érika Zavala Vázquez, titular de la mesa XIX-DDF, es una “de mala calidad” y podría ser apócrifa. El problema es que con ese documento, que refiere a un caso judicial en curso 5:13-MJ0043-PMA, de San Antonio, Texas, quieren suspender las operaciones de esa empresa y su operadora, Urban Publicity. Pronto, en ese segmento, habrá golpes de impacto.

Por: Alberto Aguirre M.— Correo electrónico: aam@mexico.com / elarsenal.net