¿Y si no fuera El Chayo?

Ni la construcción de México como una “marca-país”, ni el combate a la pobreza o la recuperación de la rectoría del Estado frente a los monopolios empresariales o sindicales, que afectan al país. La seguridad pública –el tema más relevante– es el factor que define el consenso y el rechazo al Ejecutivo federal.

En este sexenio, la buena imagen del presidente Enrique Peña Nieto no necesariamente se tradujo en la aprobación de la ciudadanía. La seguridad pública, la lucha contra el crimen y el combate al narcotráfico permanecen entre las demandas más sentidas de la población. Son factores determinantes de la opinión pública.

¿Qué construye el legado presidencial, su desempeño como gobernante o sus atributos personales? La narrativa del primer año del sexenio, resumida en la pretensión de “mover a México” silenciosamente ha transmutado a un asunto de gobernabilidad, de enfrentar al crimen.

¿Valentía o eficacia? A la luz de la experiencia calderonista, el respaldo al combate al crimen organizado fue “sistemáticamente alto” (tres cuartas partes de la población) a lo largo del sexenio, pero muchos evaluaron mal su desempeño. Para mayor abundamiento en estos temas, en necesario revisar detenidamente la primera edición del Juicio al ciudadano, un e-book escrito por Marcelo Ortega y Roy Campos, de Consulta-Mitosfky (disponible en consulta.mx). En el apartado de seguridad, las conclusiones son inapelables: “En lo que respecta a la percepción sobre la seguridad en el país, observamos una estabilidad en la percepción negativa en los últimos tres años (2009-2012); con ligeras variaciones, ocho de cada 10 mexicanos sentían que la  inseguridad aumentaba, con una ligera mejoría en el último trimestre. Esa estabilidad puede interpretarse como producto de la incredulidad ciudadana a toda comunicación de gobierno, cuando a pesar de preocuparse por dar a conocer capturas o abatimientos de líderes, no pudo incidir en la opinión pública sobre este tema”.

En lo que va del sexenio, las autoridades federales han tratado de ser precisas, al momento de difundir información sobre la detención y/o abatimiento de “blancos de alto impacto”, ya sean El Pantera, El Chapo Guzmán o El Chayo. Bien saben que la credibilidad del gobierno depende de ello.

Desde el sexenio anterior, la Oficina de la Presidencia ha invertido muchos millones de pesos para conocer el estado de ánimo de la población, respecto de la gestión gubernamental. El principio de la administración calderonista –en ese sentido– resulta casi idéntico al de la actual administración: el problema que más preocupa a la población es la inseguridad, más que la marcha de la economía o la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas.

El análisis estadístico de las encuestas de opinión pública estuvo a cargo de Rafael Giménez, en el primer tramo del sexenio anterior, y después de María Fernanda Vergara, quien bajo las órdenes de Alejandra Sota formó un staff y además contrató “estudios adicionales de otras fuentes”, que no eran otros más que los amigos de la ex vocera presidencial, entre quienes destacan los despachos Defoe, Experts on Social Reporting; Politáctica y Mercaei.

El cambio de administración dejó fuera a los amigos de Sota. Ahora, quienes proveen de las principales variables sobre el desempeño de la Presidencia de la República son, de acuerdo a la información divulgada por la coordinación de opinión pública, encabezada por Rodrigo Gallart, son: Bufete de Proyectos, Información y Análisis, de Liébano Sáenz; Impetus, de Ian Rider; Gaussc, de Rolando Ocampo, y Olivares-Plata, Consultores.

EFECTOS SECUNDARIOS

PENDIENTES. Entre los asuntos que trataron las comitivas de los presidentes Enrique Peña Nieto y Rafael Correa durante sus conversaciones en Quito, está el expediente del entepreneur ecuatoriano nacionalizado estadounidense, Fernado Rivera, quien hasta finales del año pasado se ostentó como representante Alchemy, una firma cuyos directivos son ex integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército inglés. Y es que políticos y empresarios mexicanos han acudido a la justicia para denunciar el hackeo de cuentas de correo electrónico y smartphones, después de haber sido amenazados por presuntos directivos de la compañía europea, entre los que también estaría Lee Clarke, quien habría embaucado a algunos, luego de presumir sus nexos familiares con la Casa Real. ¿Será?

ALERTAS. Después de dos meses complicados, CODERE –la multinacional de bingos y casinos asociada en México con Grupo Caliente y OCESA, respectivamente– presentó a sus inversionistas el reporte de sus resultados financieros, del último trimestre del 2014. En Latinoamérica, donde se generan el 85% de sus ingresos, afrontan “desafíos regulatorios” que han afectado sus márgenes de explotación. En Argentina es la “evolución negativa del tipo de cambio” –que no es otra cosa que la devaluación del peso– y en México, la imposición de nuevos impuestos y la clausura de salas. Este nuevo entorno de negocios obliga a un ajuste de su modelo operativo y el desarrollo de nuevas alternativas, como los “smoking clubs” en la nación sudamericana y la apertura de más sports bettings en España y México, así como una reducción del gasto corriente y de la nómina. El presidente mundial de la UNI Juegos de Azar, Daniel Amoroso, y el representante regional, Mario Madrigal, han alertado sobre la amenaza de una pérdida de fuentes de trabajo, dado que en el hemisferio, CODERE emplea a más de 17,000 trabajadores, de los cuales la mitad están en México.

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Alberto Aguirre M. / Correo electrónico: aam@mexico.com / elarsenal.net