Alerta en la SCJN: Reforma Judicial Provoca Riesgos por Eliminación de Salas e Inexperiencia de Nuevos Ministros

Ciudad de México, 4 de junio de 2025 — La reciente reforma judicial aprobada en 2024, que elimina las dos salas especializadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y reduce el número de ministros de 11 a 9, ha desatado una ola de preocupaciones entre expertos, juristas y ministros salientes. La elección popular de los nuevos ministros, celebrada el pasado 1 de junio, ha intensificado los temores sobre la inexperiencia de los nuevos integrantes y el impacto en la impartición de justicia en México.

El Fin de las Salas Especializadas: Un Golpe a la Eficiencia Judicial

La desaparición de la Primera y Segunda Sala, que hasta ahora resolvían asuntos civiles, penales, administrativos y laborales de manera especializada, ha sido señalada como un cambio que podría colapsar el sistema de justicia. Según datos de la SCJN, las salas resolvían hasta 60 casos diarios, mientras que el Pleno, encargado ahora de todos los asuntos, apenas aborda uno o dos por sesión. Con más de 8,000 casos pendientes al inicio del nuevo periodo de la Corte el 1 de septiembre de 2025, expertos advierten que el rezago judicial podría agravarse significativamente.

“La eliminación de las salas no solo reduce la capacidad operativa de la Corte, sino que elimina la especialización que garantizaba resoluciones técnicas y de calidad,” afirmó el ministro saliente Jorge Mario Pardo Rebolledo en una reciente declaración. La falta de un plan de transición para redistribuir los casos pendientes ha generado incertidumbre sobre cómo se gestionarán los asuntos ya listados.

### **Inexperiencia de Nuevos Ministros: Un Desafío Inédito**

La elección popular de los nueve ministros, una novedad introducida por la reforma, ha sido criticada por la baja participación electoral —apenas el 13% del padrón según el Instituto Nacional Electoral (INE)— y por la percepción de que algunos candidatos carecen de la experiencia técnica necesaria. Solo tres ministras actuales, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, buscan la reelección, lo que implica que al menos seis nuevos ministros asumirán el cargo sin experiencia previa en la SCJN.

“La curva de aprendizaje será pronunciada. Resolver casos complejos de constitucionalidad requiere años de experiencia, y la entrada simultánea de nuevos ministros podría afectar la calidad de las sentencias,” advirtió el ministro Alberto Pérez Dayán. Además, la influencia del partido Morena en el proceso electoral ha generado críticas sobre una posible politización de la Corte, especialmente por la cercanía de algunos candidatos a la llamada “Cuarta Transformación”.

### **Riesgos para la Independencia y la Sociedad**

La reforma ha sido cuestionada por debilitar la autonomía del Poder Judicial. Analistas señalan que la elección popular podría facilitar la influencia de intereses políticos o económicos, erosionando la confianza pública en la SCJN como garante de los derechos humanos y la Constitución. La sobrecarga del Pleno, que ahora deberá resolver todos los asuntos en un plazo máximo de seis meses, plantea un riesgo adicional de resoluciones apresuradas o de menor calidad.

Para los ciudadanos, los efectos podrían traducirse en retrasos significativos en casos relacionados con derechos fundamentales, controversias constitucionales y amparos. “La justicia oportuna es un derecho, y esta reforma podría ponerlo en peligro,” señaló María Elena Lugo, especialista en derecho constitucional.

### **Un Futuro Incierto para la SCJN**

A menos de tres meses de que la nueva Corte inicie funciones, el panorama es de incertidumbre. La falta de un diagnóstico técnico que justificara la eliminación de las salas y la reducción de ministros, sumada a la inexperiencia de los nuevos integrantes, pone a prueba la capacidad de la SCJN para adaptarse a esta reconfiguración sin comprometer su rol como pilar del Estado de derecho.

Mientras tanto, el debate sobre la legitimidad y eficacia de la reforma continúa. Organizaciones civiles y barras de abogados han llamado a un monitoreo ciudadano de las decisiones de la nueva Corte, que deberá demostrar su independencia y capacidad técnica en un contexto de alta presión política y social.