Debemos trabajar porque reinserción social en México pueda ser una realidad: Humberto González

-De las 365 prisiones que existen en México sólo 14 son exclusivas para mujeres.

En México debemos trabajar porque la reinserción social sea una realidad para que aquellos que tras delinquir y cumplir la pena correspondiente por tal acción, se reintegren a la sociedad como engranes productivos, apuntó el diputado Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.

El diputado por el Distrito de Puruándiro, mencionó que los diagnósticos realizados por autoridades fundamentalmente de Derechos Humanos en el país, evidencían cómo en la mayor parte de las prisiones del país los internos realizan o participan en actividades propias de la autoridad, dando pie a una gran corrupción, violencia, y comisión de delitos.

“Existen fallas graves en nuestro sistema penitenciarios, como por ejemplo lo relacionado con cárceles para mujeres, ya que de las 365 prisiones que existen en México sólo 14 son exclusivas para mujeres, por lo que más del 60 por ciento de las reclusas en el país viven en centros mixtos con hombres”, sostuvo Humberto González.

El legislador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática subrayó que diferentes especialistas y estudios han reportado que el principal obstáculo para no lograr la reinserción social es creer en ella, incluso de parte de las autoridades y personas que laboran en instituciones vinculadas a dicha reinserción.

Como uno de los factores directos que atenta contra la posibilidad de que quienes delinquen conciban formas diferentes de comportamiento y desarrollo personal y las asuman como parte de su vida, están las condiciones de internamiento, las cuales la mayoría de los casos son violatorias de múltiples derechos y estándares nacionales e internacionales en materia penitenciaria.

Humberto González Villagómez agregó que la función de la reinserción social en México es delegada en su mayoría al sistema penitenciario, sin que exista una visión o política de gran calado que involucre a las diferentes áreas de la administración pública en la materia.