Demanda Rosa María de la Torre respeto a independencia del Poder Judicial

Morelia; Michoacán.-   Con un llamado a que nadie intervenga en la independencia del Poder Judicial, y no volver a los tiempos del totalitarismo monárquico, en el que los jueces decían lo que quería el tirano en turno, la diputada Rosa María de la Torre Torres en tribuna enfatizó que la objetividad y confianza son requisitos para ejercer la función de juzgar, y no pueden verse mermadas por presiones, si no que se gana con el respeto de las libertades fundamentales y haciendo valer el peso de sus decisiones aun contra las presiones políticas.

La diputada del PRI dijo a los jueces michoacanos que deben sentirse orgullosos de su labor, siempre pudiendo cumplir con su encargo de manera justa, e hizo un llamado enérgico para que se respeten los derechos fundamentales, la división de funciones y al Poder Judicial, que nunca se vea mermada su independencia y que siempre pese más la justicia que los intereses particulares.

Manifestó que ahora es un especial momento en que la judicatura debe transitar en el más prístino manantial del Estado Democrático, y pidió al Gobernador que debe atender primero a los michoacanos, cumplir con su mínima obligación de sentar las bases para la justicia y la seguridad, y dejar de navegar con aguas electorales, además lo exhortó a que le diga “a su Procurador que haga investigaciones, que no se fabrique culpables”.

Asimismo, destacó que el reforzamiento del Estado de Derecho Constitucional requiere del respeto a los cánones y principios jurídicos que rigen en México, por eso mismo, las decisiones judiciales no se defienden ante los medios de comunicación y en los círculos políticos, se sostienen por el peso de la ley, sus argumentos y, sobre todo, por los razonamientos jurídicos basados en las pruebas que se exponen ante el juzgador.

Resaltó que el debido proceso, la presunción de inocencia y la no auto inculpación son derechos fundamentales que respetan la dignidad humana y que los jueces deben hacer efectivos. Su aplicación y ejercicio no puede estar sujeto a la opinión pública y mucho menos a la búsqueda de “respuestas rápidas” y “resultados” del combate al crimen.