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Política

El final del nuevo IFAI

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¿Quién es Francisco Javier Acuña Llamas? Ubicado por razones del alfabeto en el primer lugar de la lista elaborada por el comité de expertos que “acompaña” al Senado de la República en la selección de los siete comisionados del nuevo IFAI, la presencia de este abogado zacatecano entre los “finalistas” resultaba enigmática.

“Fue el abogado de la arquidiócesis primada y del cardenal Norberto Rivera Carrera”, referían colegas de este doctor en derecho graduado hace una década en la Universidad Complutense. Un dato oculto en su currículum, lo mismo su paso por Caritas Mexico, la organización filantrópica de la grey católica. En Madrid cultivó una sólida amistad con Salvador Nava Gomar, actual magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se desempeña como titular de la Unidad de Información y Transparencia.

“En Madrid hizo otro amigo: Roberto Gil Zuarth”, apunta un senador, quien ubica al legislador de origen chiapaneco como el principal impulsor de Acuña Llamas, mismo que –si se mantienen los equilibrios precarios dentro del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara Alta– ocuparía una de las dos plazas del nuevo IFAI reservada para esa formación política.

Otra sería para el PRD –que se debate entre Óscar Guerra Ford y Ernesto Villanueva– y al menos tres, para el PRI. De los siete nuevos comisionados, cinco saldrían de la lista definida por los expertos y dos, del resto de 122 aspirantes inscritos al proceso de selección.

Dentro de la fracción panista había molestias, pues otros aspirantes con mejor perfil y calificaciones habían sido tomados en cuenta –Francisco Ciscomani Freasner y  Joel Salas Suárez– pero se impuso la lógica interna.

El atorón en la designación de los comisionados del IFAI, según Pablo Escudero, presidente de la comisión Anticorrupción del Senado, era un daño colateral de la onda expansiva generada por la definición de las reformas estructurales.

“Ya se tienen los mejores perfiles”, reveló el legislador pevemista. Y admitió que el peor escenario estaba próximo: si los disensos prevalecían al interior de los grupos parlamentarios, los integrantes de las cuatro comisiones involucradas votarían para seleccionar a siete aspirantes y cumplir con el trámite de entregar un proyecto de dictamen a la Junta de Coordinación Política, donde los coordinadores parlamentarios tomarán la decisión final.

“Urge que se aprueben”, decía Escudero con desesperación, ayer al mediodía Y es que cada hora que pasaba, crecía el malestar entre los “vetados” por el bloque conformado por el comité y los legisladores. Algunos enfocaban baterías contra los legisladores –a los que acusan de haberlos manipulado– y otros, contra la ex presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, a quien ubican como la principal impulsora de las candidaturas de Cecilia Azuara y Rosa María Bárcena.

De acuerdo a esas versiones, la también ex consejera electoral habría maniobrado para que ellas y Óscar Guerra Ford llegaran al nuevo IFAI y la “protegieran” ante los procesos administrativos en curso, relacionados por la adquisición y habilitación de la nueva sede de la institución.

Formadas en el IFE, ambas vivirán el fin del IFAI dentro de su estructura directiva. Y justificarán el cumplimiento del criterio de la “equidad de género”, en el que también incidieron los empachos y los prejuicios. Por ejemplo, Blanca Lilia Ibarra, comisionada del CAI-Puebla, fue descartada por su “historial confrontador” y que no es otra cosa sino la incomodidad que ha generado en el gobernador panista Rafael Moreno-Valle.

Ni su experiencia en el servicio público y en los asuntos de la transparencia, ni su trayectoria periodística valió para que obtuviera un lugar. En las antípodas estaba su paisana Patricia Kurzcyn de Piña Olaya, abogada especializada en derecho laboral, adscrita al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cuya directiva prefirió darle su respaldo, en vez de sostener a Ernesto Villanueva, otro de los damnificados por los transparentólogos.

En cualquier caso, los senadores privilegiarán la transparencia y los derechos laborales por sobre el derecho a la información. ¿Una agenda de segunda generación? Para nada. Como lo comprueba que los verdaderos representantes de la sociedad civil hayan quedado completamente marginados y que funcionarios actuales y pasados del IFAI y de los órganos estatales de transparencia lleguen al órgano garante y que por culpa de los senadores representará al pasado y no al futuro de la transparencia en México.

EFECTOS SECUNDARIOS

MURMULLOS. La Semana Santa no amainó las versiones de “cambios inminentes” en la SAGARPA. Algunos ven a Jaime González Aguadé, actual titular de la CNBV, en la dependencia en la que despacha Enrique Martínez y Martínez. Otros asumen que un mexiquense (¿Eruviel Ávila, Ricardo Aguilar?) será el nuevo integrante del gabinete peñista.

PLEBISCITO. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, José González Morfín, entregó a la directiva del PRD, que encabezan Jesús Zambrano y Alejandro Sánchez Camacho, el formato del escrito con el que esa formación política deberá dar aviso del procedimiento de recaudación de firmas con el que apoyarán su petición de consultar a la ciudadanía sobre la reforma energética, conforme a lo estipulado en el artículo 35 de la Constitución. Falta la Ley Federal sobre Consulta Popular que tendría una primera aplicación con esta cruzada de la izquierda mexicana contra lo que consideran la privatización de Pemex.

¿MANIOBRA? Grupo Iusacell acudió a la Corte del Distrito del Sur de Nueva York para exigir una indemnización al gigante informático IBM, después de cuatro años de una conciliación imposible La causa quedó radicada en el expediente y la firma azteca quiere una indemnización 2,500 millones de dólares, tras de los embustes de la empresa estadounidense. Para Doug Shelton, el portavoz de IBM, esa acción judicial solo busca evitar el arbitraje de las autoridades. IBM e IBM México dañaron a Iusacell con su conducta, reviró la empresa de Ricardo Salinas Pliego.

por  / elarsenal.net

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