En riesgo, la estabilidad en la impartición de justicia en Michoacán; Cristina Portillo

La estabilidad en la impartición de justicia en Michoacán dentro del nuevo sistema de justicia penal se encuentra en riesgo, esto por la inconsistencia jurídica en el proceso por el que se pretenden dar por aprobadas la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa del Estado, así como de diversas reformas al Código Penal del Estado, subrayó la diputada del Partido de la Revolución Democrática en la LXXII Legislatura local, Cristina Portillo Ayala.

La diputada local, recordó que el pasado 19 de diciembre, diputados del PRI, PAN, PANAL y PAVEM, efectuaron en el recinto ferial –ubicado en el municipio de Charo-, una sesión legislativa anómala y por tanto ilegal, que por su inconsistencia jurídica genera una condición de ilegalidad en todos aquellos actos ahí efectuados, entre los que se encuentra la presunta aprobación de ordenamientos que habrán de operar en el nuevo sistema de justicia penal.

En ese sentido señaló que la bancada del PRD ha sido clara acerca de los motivos que vuelven ilegal dicha sesión, uno de ellos parte de un aspecto elemental, como el que el citatorio para dicha reunión fue de carácter selectivo, es decir, no se giró a los 40 diputados por igual, sino sólo a priistas, panistas, y al del Partido Verde, y de Nueva Alianza.

Más allá de los motivos políticos que se puedan esgrimir para justificar el comportamiento panista y priista, Cristina Portillo señaló que la responsabilidad suprema de los legisladores es velar por el interés del estado, “sin embargo, con su obstinación, están poniendo en riesgo un trabajo que arrancó desde hace cinco años, y que tiene que ver con todo el andamiaje legal para que el nuevo sistema penal se cristalice en la entidad”.

La legisladora mencionó que además de la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa, y de las reformas al Código Penal, en el encuentro del 19 de diciembre, se dio la primera lectura de la Ley para la Protección de Personas Intervinientes en el Proceso Penal, lo que implica también una afectación en el proceso legislativo para la aprobación de dicha norma.

“Es necesario que en Michoacán como en el país, se entienda que la ilegalidad no se legitima con las mayorías legislativas, y que un acto antijurídico no se redime con el aval mayoritario en los Congresos, porque bajo esa perspectiva negros pasajes históricos de la humanidad como el fascismo, encontrarían legitimidad con el fundamentalismo de las masas”.