Los diputados dispondrán de 10 millones de pesos cada uno para asignar en sus distritos

Tras seis horas y media de discusión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, primero en lo general con 457 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el proyecto de decreto del PEF para 2015 de un monto de cuatro billones 694 mil 677 millones 400 mil pesos.

La discusión en lo particular, los más de 90 artículos y anexos reservados, fueron aprobados en los términos del decreto con 344 votos a favor, 107 en contra y cuatro abstenciones, con lo que se desecharon las modificaciones planteadas por los legisladores.

Con la aprobación en lo general y en lo particular, el dictamen con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 se remite al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Como en los dos años anteriores de la presente legislatura, los diputados y la Secretaría de Hacienda pactaron destinar un fondo de un total de cinco mil millones de pesos —10 millones de pesos cada uno— para que los 500 diputados asignen a sus distritos electorales, municipios o delegaciones dinero para obras de pavimentación, remodelación de escuelas, instalaciones deportivas y culturales.

Sin control Lo polémico de este punto del proyecto es que el monto asignado no contempla mecanismos de vigilancia para el ejercicio ni el destino de estos recursos.

En el último año, diversos medios nacionales reportaron varios casos de conexiones entre diputados y alcales para pactar comisiones ilegales en los municipios con el fin de apropiarse de parte de los recursos destinados, en teoría, a la mejora de las infraestructuras y la vida en sus comunidades.

Concretamente, en noviembre de 2013, se presentaron acusaciones anónimas en contra del entonces coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Alberto Villareal, por presuntamente haber negociado distintas partidas económicas a cambio de pagos por parte de los beneficiados.

Esta acusación fue respaldada por parte del edil de Celaya, en Guanajuato, Ismael Pérez Ordaz, quién denunció que le exigieron el pago de una comisión a cambio de la asignación de recursos para obras en su municipio, una actividad ilícita más conocida como “moche”, reporta SDPNoticias.

20minutos.com.mx