Por un frente común para el combate a la delincuencia se pronuncia Lucila Martínez

En Michoacán resulta apremiante que exista un sólo frente en contra de la delincuencia y que se garantice por la federación la coordinación plena de la Guardia Nacional con los estados y municipios, a fin de asegurar resultados efectivos y la seguridad y paz a la población, subrayó la diputada integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso Local, Lucila Martínez Manríquez.

Refirió que luego de que el Ejecutivo Estatal, Silvano Aureoles Conejo planteará ante las autoridades federales, el que se defina el esquema de coordinación, así como objetivos de la estrategia y se prioricen los delitos a combatir, así como las líneas de mando y canales para el intercambio de información operativa y de inteligencia, con la Guardia Nacional y las entidades, es urgente que el Gobierno Federal se solidarice con las entidades de la República y priorice la seguridad del pueblo mexicano.

Si bien en Michoacán las autoridades de seguridad están haciendo lo que les corresponde, es impostergable que la autoridad federal asuma de manera plena su responsabilidad en las tareas de seguridad, en las que no puede dejar solos ni a la población ni a las autoridades estatales y municipales.

Recordó que es responsabilidad del Estado Mexicano garantizar la seguridad de la población, por lo que se ocupa firmeza en las determinaciones que realice el gobierno federal y destacó que se podrá avanzar siempre que se trabaje de manera coordinada con las autoridades estatales y locales.

Lucila Martínez recordó que se dio el voto de confianza a la Guardia Nacional con el interés de que se generen condiciones de seguridad, progreso y paz para México, no obstante, los reportes en diversas entidades del país demuestran que no se están haciendo las cosas bien y debe rectificarse el camino.

Se pronunció por una política de seguridad humana de carácter integral, en la que todos los mexicanos tengan garantizado su derecho de vivir en un entorno seguro y libre de violencia, con condiciones que permitan el desarrollo de sus capacidades y se garantice el pleno respeto a los derechos humanos de la población, en donde la federación se coordine con los estados y municipios, para dar resultados efectivos al combate a la delincuencia.