Positiva la prórroga al nuevo sistema de justicia penal: Eduardo Orihuela

Morelia, Michoacán.- Fue no solo necesaria sino obligada la postergación de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán, ya que es indispensable realizar una adecuada evaluación y reestructuración en la Procuraduría General de Justicia y en la Secretaría de Seguridad Pública, dependencias en las que se han nombrado nuevos titulares recientemente, sostuvo el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eduardo Orihuela Estefan.

En entrevista sobre la postergación de la entrada en vigor, el legislador comentó que los esfuerzos realizados por todos los protagonistas involucrados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán, han venido siendo consistentes y debidamente coordinados para lograr que todos los operadores de las distintas Instituciones se encuentren en condiciones reales de operatividad y debida actuación en los desafíos que suponen este nuevo modelo de Justicia Penal en nuestro Estado.

Existen además dentro del contexto de esta prórroga difícil –porque nadie lo deseaba-,  pero necesaria, la cuestión relativa a las reformas Constitucionales aprobadas en estos últimos días, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, concretamente a la fracción VIII del numeral 116  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual contempla que sean las Constituciones locales las que garanticen la función de procuración de Justicia, para que sea ejercida esta facultad con plena autonomía, lo que necesariamente nos constriñe a reformar nuestro Marco Jurídico en la Materia.     

No obstante lo anterior, indicó Orihuela Estefan, podemos estar seguros que la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán se dará en las condiciones más propicias y convenientes, teniendo claramente definidos los aspectos más significativos que precisan esta reforma; un marco jurídico concordante y armónico, una capacitación certificada y evaluable, y desde luego, una actuación institucional eficiente en términos de operatividad; esto dentro del término legal señalado, es decir, el plazo límite establecido por el Congreso Federal, que es en junio del 2016.

Aunado a esto, agregó el diputado, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) establece los ordenamientos jurídicos mínimos con los que debe contar una entidad federativa, al momento de la entrada en vigor del Nuevo Sistema.

En ese sentido, Orihuela Estefan detalló algunos de ellos: Constitución Política del Estado, Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Estado, Ley de Seguridad Pública del Estado, Ley para atención a víctimas y ofendidos del delito, Ley de Personas Intervinientes, Ley de Servicios Previos a Juicio, Ley de Justicia Integral para Adolescentes, y Ley de Administración de Bienes Asegurados y Decomisados del Estado.

Además, comentó Orihuela Estefan, en Michoacán, de éstas se ha aprobado una y quedan pendientes ocho, que son: Ley de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán, Código de Procedimientos Penales, Ley de Ejecución de Sanciones Penales, Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa, Ley del Instituto Michoacano de Investigación Forense.

También, el paquete normativo mencionado, establece las mejores condiciones para el cambio de modelo de justicia. La falta de legislaciones en la materia, implica grandes riesgos y vacíos legales que obstaculizarían el buen ejercicio y la capacidad de respuesta de los poderes ante la puesta en marcha del sistema adversarial oral.

De esta manera, finalizó, como legisladores, es imperativo sumar esfuerzos en los trabajos de las comisiones correspondientes para legislar sobre los temas pendientes y dar buena entada a la implementación del nuevo sistema de justicia penal.