PRI reafirma sus vínculos con el crimen organizado: PAN

El Partido Acción Nacional (PAN),  a través de su secretario general en Michoacán, Carlos Quintana Martínez, exigió que de comprobarse los ílicitos que se le imputan a la presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, esta reciba la penalización correspondiente con todo el rigor de la ley por su presunta complicidad y vínculos con el crimen organizado, ya que no se puede permitir que continúe como una práctica común entre los funcionarios la incidencia en este tipos de delitos.

“Y en este tenor, el Partido Revolucionario Institucional reafirma con un caso más su relación con agrupaciones delictivas pues parece más la regla que la excepción que los alcaldes y autoridades emanadas del tricolor hayan sostenido algún tipo de nexo con el crimen organizado, como evidencian los procesos en contra del entonces edil de Apatzingán Uriel Chávez Mendoza o del ex gobernador interino Jesús Reyna García”, apuntó.

Luego de que el procurador de Justicia, José Martín Godoy Castro, informara que la edil priísta fue detenida porque presuntamente exigía al personal de su Ayuntamiento una cuota para el crimen organizado así como a los comerciantes del municipio aunado a su involucramiento en un homicidio, el secretario panista hizo un llamado a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a que en aras de dar condiciones de certidumbre al estado, no continúe la detención a cuenta gotas de los funcionarios de los cuales las instancias de seguridad pública tengan indicios de sus vínculos con la delincuencia organizada, sino que realicen una acción efectiva y expedita en contra de todos ellos.

Asimismo, Quintana Martínez reiteró el exhorto de Acción Nacional a la Federación y al Gobierno del Estado a desmantelar la estructura de corrupción y contubernio entre funcionarios y grupos delincuenciales en la entidad, producto del grado de descomposición gubernamental que se vive en Michoacán,  a través de profundas investigaciones que abarquen los sectores políticos e incluso a los empresariales, con el fin de atacar también la estructura financiera de estas organizaciones delictivas.