Trata de personas principalmente de mujeres y niños significa una de las violaciones más atroces de los derechos humanos: Laura González

“Es indispensable prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, así como la protección y la asistencia de víctimas, mediante la armonización y transformación en la lucha por eliminar el comercio de seres humanos”, así lo dio a conocer la diputada Laura González Martínez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.

Luego de que este martes, en sesión ordinaria del Poder Legislativo en la entidad, se presentara ante el Pleno la Iniciativa de Ley Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas del Estado de Michoacán, la diputada del blanquiazul señaló “la trata de personas reside en un problema global que violenta los derechos humanos, así como también impide el desarrollo integral de las víctimas y de la sociedad, por lo que debe ser atendido de manera prioritaria”, reiteró.

La trata de personas, especialmente de mujeres y niños, es una de las violaciones más atroces de los derechos humanos actualmente. Se trata de un fenómeno muy difundido que se agrava cada vez más y que tiene sus raíces en las condiciones sociales, institucionales y económicas de los países de origen, siendo facilitado por las prácticas discriminatorias contra la mujer e impulsado por la cruel indiferencia ante el sufrimiento humano por parte de los que explotan los servicios que las víctimas están obligadas a prestar.

Reiteró la legisladora del blanquiazul, “actualmente en Michoacán existen indicios de que el delito de Trata de Personas ha incrementado y la responsabilidad del Poder Legislativo es incorporar esta normativa a la Constitución Política, con el objetivo de que se salvaguarden los derechos de todos los individuos”.

En entrevista, señaló que la intención es que el daño a las víctimas de trata de personas sea reparado de manera integral, adecuada, eficaz y efectivamente, siendo esta proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida a la persona.

En el mismo contexto, reiteró que buscarán impulsar la participación ciudadana, la cultura de la prevención, el estudio, la investigación y el diagnóstico en materia de trata de personas.

Cabe destacar que antes del año 2000 en México, no existía ningún instrumento jurídico que abordara todos los aspectos fundamentales del problema y que permitiera tratarlo de manera homogénea, por lo que la Asamblea General de la ONU proyectó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional el 15 de noviembre, suscrita en Palermo en diciembre del mismo año, a la cual se anexó el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas.

González Martínez, subrayó que dicha Iniciativa presentada fija las atribuciones de los gobiernos estatales y municipales, en sus ámbitos de competencia y en función de las facultades previstas en la Ley General; así mismo, establece los criterios de coordinación interinstitucional. “Con esta Iniciativa buscamos disponer de mecanismos que permitan tutelar la vida, dignidad, así como la integridad y seguridad de las personas, especialmente el libre desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en la entidad”.

Cabe destacar que el 14 de julio de 2011 se publicaron reformas a los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las que la trata de personas adquiere el grado constitucional de delito grave, la identidad y datos personales de las víctimas quedan protegidos y se faculta expresamente al Congreso de la Unión para expedir la ley general en la materia. Asimismo, en agosto de ese año, se presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una Iniciativa de Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados, misma que finalmente fue publicada el 14 de junio de 2012.

Finalmente, la legisladora panista hace un llamado a las autoridades de los diversos órdenes de gobierno, a coordinar esfuerzos a fin de erradicar esta práctica que pone a Michoacán en los primeros lugares de padecerla.