Urgente, agilizar trabajo de comisiones y buscar actualización constitucional

Con un llamado a las y los legisladores que integran el grupo de trabajo, a agilizar las tareas para desahogar los asuntos pendientes y poder construir una nueva agenda en la materia, la doctora Rosa María de la Torre Torres, tomó protesta como presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, de la septuagésima tercera legislatura del Congreso de Michoacán.

La Doctora en Derecho Constitucional, adelantó la urgencia de hacer un análisis profundo a cada uno de los artículos, normas y leyes secundarias de la Constitución Política del Estado de Michoacán, pues consideró, ante los nuevos paradigmas internacionales y nacionales, es posible replantear diversos puntos de nuestra Carta Fundamental Local.

Luego del acto protocolario en que por primera vez en la historia del Congreso se formalizó en un solo evento la integración de las 28 Comisiones y 5 Comités del Poder Legislativo, la también especialista en Derechos Humanos, manifestó la necesidad de revisar de manera integral el marco normativo del Estado, no sólo ante las exigencias que se derivan de las reformas estructurales planteadas por el Ejecutivo federal o las resoluciones expedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también, para que Michoacán no incurra en incumplimiento a los tratados internacionales.

Rosa María de la Torre, quien es presidenta del capítulo Michoacán del Instituto Iberoamericano de Constitucionalistas, externó su inquietud en particular sobre el planteamiento de los Gobiernos Estatal y Federal, de suscribir el Mando Unificado en materia de seguridad con los Ayuntamientos, situación que apuntó, precisa de un análisis y reforma a las normas en torno a ese tema, de tal manera que las nuevas figuras jurídicas no pongan en situación de vulnerabilidad a las autoridades municipales.

Señaló que es su deseo plantear a quienes integran la Comisión de Puntos Constitucionales dicho esquema, para que sea un tema prioritario en la agenda de trabajo, y que contemplen una mayor inclusión a grupos vulnerables, bases sólidas para el sistema anticorrupción y mecanismos específicos que regulen el endeudamiento.