Detiene Fiscalía General a segundo implicado en el secuestro de una mujer

Morelia, Michoacán, a 7 de julio de 2021.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jorge Armando C., segundo implicado en el secuestro de una mujer, ocurrido en el municipio de Uruapan.

De los hechos se logró establecer que, el pasado 22 de marzo, la víctima se encontraba al interior de su local ubicado en la colonia Vicente Guerrero, cuando en un momento determinado, llegó al lugar Jesús Eduardo C., -actualmente sujeto a proceso- y en complicidad con otra persona, presuntamente sacó a la agraviada del inmueble para obligarla a subir a un vehículo de la marca Nissan, privándola de su libertad.

Posteriormente, familiares de la afectada recibieron llamadas telefónicas en las que se les exigió la entrega de una importante cantidad de dinero en efectivo a cambio de la liberación de la joven.

Tras llevar a cabo una negociación, se pactó la entrega de dinero en efectivo y la de un vehículo de la marca Volkswagen, tipo Jetta, color blanco, la cual fue concretada, logrando la liberación de la víctima durante un operativo implementado por la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) en ese municipio, así como la detención de Jesús Eduardo C., quien fue presentado ante el Ministerio Público que integró la Carpeta de Investigación.

Al continuar con los trabajos de investigación, personal de la institución obtuvo información puntual de la posible participación de Jorge Armando C., en el secuestro de la mujer, por lo que presentó los datos de prueba que derivaron en una orden de aprehensión que fue otorgada por un Juez de Control.

Jorge Armando C., fue detenido y presentado ante el órgano jurisdiccional que, luego de valorar cada uno de los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, resolvió su vinculación a proceso, imponiéndole prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y un plazo para el cierre de la investigación.

La FGE refrenda su compromiso de mantener acciones para que ningún hecho que atente contra la seguridad y el patrimonio de las personas, quede impune.