Nivel de paz en México es de 18% más bajo que en el 2003

Un estudio reveló que los estados Guerrero, Sinaloa, Morelos, Baja California y Baja California Sur tuvieron los niveles más altos de violencia en 2015.

La corrupción y el débil Estado de derecho que aquejan a México están vinculados con los índices de violencia que hacen que en el país se registre un nivel de paz 18 por ciento más bajo que en el año 2013, reveló el Instituto de Economía y Paz (IEP).

La coordinadora del IEP en México, Patricia de Obeso, señaló que a pesar de que el gasto gubernamental para hacer frente a la violencia sigue subiendo, “no vemos que se esté reflejando realmente en una reducción”.

Mencionó que aunque el último año la paz mejoró 0.3 por ciento, la tasa de progreso anual se estancó.

En el estudio Índice Paz en México 2016 detallaron que los estados mas violentos el año pasado fueron Guerrero, Sinaloa, Morelos, Baja California y Baja California Sur, en los que además la población tiene una alta percepción de la corrupción en los organismos e instituciones, en especial de la Policía.

Hidalgo, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala y San Luis Potosí figuran como los más pacíficos. 

Además, por primera vez en cinco años la tasa de homicidios se deterioró y se incrementó 6.3 por ciento en 2015. Los delitos cometidos con armas de fuego y los presos sin condena aumentaron en 7 por ciento.

Las tasas de crímenes atribuidos a la delincuencia organizada y los delitos cometidos con violencia se redujeron 10 y 8 por ciento respectivamente.

La desconfianza de los ciudadanos en los organismos del Estado hizo que 90 por ciento de las extorsiones y 83 por ciento de las violaciones que ocurrieron en 2015 no fueran denunciadas.

La organización también midió el impacto de la violencia en la economía del país que en 2015 fue de 134 mil millones de dólares, lo que equivale a 13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

En contexto: 

El Instituto de Economía y Paz (IEP) hace estos estudios desde hace más de una década para calcular el índice de paz al ponderar siete indicadores entre los que destacan el nivel de homicidios y delitos que se cometen con violencia, la eficiencia del sistema judicial, el financiamiento a las fuerzas de seguridad y las actividades propias del crimen organizado.