Resuelven mediante acuerdo reparatorio tres carpetas de investigación en Michoacán

Morelia, Michoacán.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, conforme a las disposiciones  del Nuevo Sistema de Justicia Penal, a través del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias resolvió mediante acuerdo reparatorio, tres Carpetas de Investigación por el delito de Despojo y restituyó ocho inmuebles a sus legítimos propietarios.

En el primero de los casos, el 23 de septiembre de la presente anualidad en la ciudad de Apatzingán, la víctima denunció el despojo de seis predios ubicados en un fraccionamiento, con un valor de 70 mil pesos cada uno, logrando la restitución de los predios con un valor total de 420 mil pesos.

En un segundo hecho ocurrido el 23 de enero de la presente anualidad, el ofendido fue cuestionado por un conocido sobre la venta de un predio en obra negra ubicado en el Núcleo Agrario San José de Tarímbaro, ya que el mismo tenía una lona con la leyenda “se vende” y un número telefónico.

Derivado de lo anterior, la víctima se citó con el imputado, quien manifestó haber adquirido dicha propiedad meses atrás, por lo que fue interpuesta la denuncia correspondiente, misma que fue resuelta por personal del CMASC mediante acuerdo reparatorio con la entrega del inmueble con valor de 146 mil 313 pesos.

Por lo que coresponde al tercer caso, el 21 de octubre de 2016, el agraviado se trasladó a un predio de Curucupatzeo, del municipio Madero, momento en el que se percató que el imputado se encontraba cercando con alambre una zona de su propiedad.

Sobre este hecho también conoció la PGJE, quien resolvió acordando el retiro de la cerca y la entrega de la franja de 200 metros lineales a su dueño, misma que se materializó en presencia de personal de la institución.

De esta manera, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán a través del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, hacer valer y prevalecer el estado de derecho de derecho, sin recurrir a la judicialización, todo ello en apego a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.