Violaciones a derechos humanos

A Israel Arzate Meléndez se le otorgó otro amparo, lo emitió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejando sin validez una vinculación a proceso penal que decretó un juez en Chihuahua por el delito de posesión de un vehículo robado.

El mes pasado la primera sala de la corte concedió un amparo liso y llano a Israel Arzate Meléndez en el caso de la masacre de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar en 2010.

Los ministros resolvieron que fueron violados sus derechos humanos al momento de su detención y que su declaración la rindió sin la presencia de su abogado además de ser interrogado por personal militar.

El abogado de Arzate, Diego Hernández, expresó que esta resolución comprueba nuevamente la inocencia de Israel y desestimó los pronunciamientos de la Fiscalía General de Chihuahua en relación a la probable existencia de elementos y recursos nuevos en contra de su cliente.

La mamá de Israel, Guadalupe Meléndez, dijo estar agradecida con la decisión de la Suprema Corte pero desilusionada con la justicia en México.

La noticia del segundo amparo no dejó satisfecho a todos. Luz María Dávila y Adrián Cadena padres de tres de los quince jóvenes asesinados dijeron que las autoridades estatales no aplicaron las leyes de manera correcta y que ya no tiene caso exigir justicia.

La noche del 3 de febrero del 2010, Israel Arzate Meléndez se dirigía a su casa tras haber concluido su jornada laboral. De una camioneta descendieron dos hombres vestidos de civil le preguntaron si era Carlos, a pesar de negarlo lo obligaron a subir al vehículo. Lo llevaron a una base militar donde estuvo incomunicado atado de manos y pies y le aplicaron descargas eléctricas.

Le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, lo asfixiaron varias veces hasta que perdió el conocimiento y lo sumergieron en agua helada. Pero cuando lo amenazaron con violar y asesinar a su esposa decidió confesar que había participado en la masacre de Villas de Salvárcar donde murieron 15 jóvenes y diez más resultaron heridos.

Durante las audiencias del proceso reveló a su jueza Anabel Chumacero Corral que su confesión había sido obtenida mediante torturas.

Pero se argumentó que no se podía verificar la situación; la fiscalía presentó 42 pruebas pero sólo dos presuntamente demostraban su participación. La primera su propia declaración, la segunda la confesión de José Dolores Chavarría, otro de los detenidos quien también argumentó haber sido torturado.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llevó a cabo una investigación exhaustiva, concluyó que funcionarios del ejército, el Ministerio Público Estatal, la policía ministerial, el director de la cárcel estatal de Ciudad Juárez habían cometido graves violaciones.

Con esta última resolución Israel Arzate ha terminado los juicios del orden penal que se derivaron a partir de su detención a principios de 2010.