Organizaciones campesinas demandan reforma al sistema de justicia agraria en México

CIUDAD DE MÉXICO — Integrantes de la Unión Campesina Democrática (UCD) y otras organizaciones del sector realizaron un pronunciamiento este 10 de abril para exigir una reestructuración de la política agraria nacional y el cumplimiento de acuerdos suscritos con el Gobierno Federal.

​En el marco del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, la organización señaló que, a dos años de la firma de un convenio con la actual administración federal, persisten retos en la resolución de expedientes y la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra. La agrupación solicitó una reforma integral al sistema de impartición de justicia agraria que incluya el fortalecimiento de los Tribunales Unitarios y el Tribunal Superior Agrario.

​Demandas principales y conflictos territoriales

​De acuerdo con el documento emitido por la UCD, el sector campesino identifica diversos factores que afectan la propiedad social en el país:

• ​Rezago administrativo: Reportan retrasos en la regularización de terrenos nacionales y el cumplimiento de resoluciones presidenciales.
• ​Problemáticas territoriales: Denuncian la ocupación de 7,644 hectáreas en la comunidad zapoteca de San Pedro el Alto, en el municipio de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca.
• ​Factores externos: Señalan que el crecimiento urbano y la actividad de grupos delictivos representan nuevas amenazas para los ejidos y comunidades en estados como Chihuahua, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Sonora, entre otros.

​Propuesta de política pública

​Los representantes de la organización propusieron la implementación de un programa denominado “Renacimiento Nacional Campesino”. Esta iniciativa busca un incremento en el presupuesto destinado al Sector Agrario Federal y una modificación legislativa a los reglamentos derivados de la reforma de 1992, con el fin de priorizar la producción de alimentos y el desarrollo rural frente a la expansión de la industria trasnacional.

​Finalmente, el grupo hizo un llamado a las instituciones del Estado para garantizar el retorno de personas desplazadas por conflictos agrarios y asegurar la eficiencia en la actualización de censos y órganos de representación interna en los ejidos de la República.

​mizitacuaro