Congreso de Michoacán aprueba mayores sanciones para deudores alimentarios y violentadores de mujeres

Morelia, Michoacán, 8 de marzo de 2025. — En una sesión ordinaria, el Pleno de la 76 Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán aprobó por unanimidad una serie de reformas para fortalecer las sanciones contra deudores alimentarios y personas que ejerzan violencia contra las mujeres. Las nuevas disposiciones establecen que quienes incumplan con sus obligaciones alimentarias por más de 90 días o cometan actos de violencia familiar o de género serán inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y enfrentarán consecuencias severas, como la pérdida de cargos públicos, licencias de manejo y hasta la patria potestad.

Las reformas, propuestas por las Comisiones Unidas de Justicia y de Igualdad Sustantiva y de Género, fueron enriquecidas con aportaciones de las y los diputados. Estas modificaciones obligan a todas las personas y autoridades a colaborar en la localización de deudores alimentarios que evadan sus responsabilidades. Además, se establece que las deudas por alimentos tendrán prioridad sobre cualquier otra obligación financiera del deudor.

Entre las sanciones más destacadas se encuentra la prohibición de que los deudores alimentarios o violentadores de mujeres ocupen cargos en la administración pública, obtengan concesiones o permisos, o sean nombrados titulares de dependencias estatales. Asimismo, se estableció que las oficialías del Registro Civil deberán informar a los contrayentes si alguno de ellos está registrado como deudor alimentario o violentador antes de celebrar un matrimonio.

Las reformas abarcan modificaciones a más de una docena de leyes estatales, incluyendo la Ley Orgánica de la Administración Pública, el Código Familiar, la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, y la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, entre otras.

Las y los legisladores destacaron que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias no solo afecta a las personas directamente involucradas, sino que también tiene un impacto devastador en el tejido social. Con estas medidas, el Congreso de Michoacán busca garantizar el cumplimiento de las responsabilidades familiares y proteger los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes en el estado.

“Estas reformas son un paso firme hacia la justicia social y la protección de los derechos de las familias michoacanas. No permitiremos que la impunidad prevalezca en casos de abandono económico o violencia contra las mujeres”, afirmaron las y los diputados durante la sesión.

Con estas acciones, Michoacán refuerza su marco jurídico para garantizar el bienestar de las familias y promover una sociedad más justa y equitativa.