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Congreso

Diputado Poncho Chávez propone uso obligatorio de cámaras corporales para policías en Michoacán

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Iniciativa busca transparentar actuaciones policiales y reducir abusos de autoridad

Morelia, Michoacán | 3 de julio de 2025 — El diputado Alfonso “Poncho” Chávez Andrade presentó este miércoles una iniciativa para reformar la legislación estatal y establecer el uso obligatorio de cámaras de videovigilancia en todo el equipo de policías municipales y estatales, incluyendo chalecos, cascos, patrullas y motocicletas.

La propuesta del legislador panista contempla:

  • Grabación en tiempo real de todos los operativos policiales
  • Almacenamiento íntegro de las imágenes
  • Plazo de 180 días para su implementación
  • Sanciones por incumplimiento que van desde amonestaciones hasta bajas definitivas

“Esta medida no es contra los policías, es para proteger a los buenos elementos y garantizar que cada actuación sea profesional y verificable”, explicó Chávez Andrade durante su presentación en el pleno legislativo.

Modelo con resultados comprobados
La iniciativa se basa en experiencias exitosas de:

  • Entidades mexicanas como Coahuila, Baja California y CDMX
  • Países como Canadá y Estados Unidos
    Donde este sistema ha demostrado:
  • Reducción de abusos de autoridad
  • Mejor capacitación policial
  • Mayor confianza ciudadana

Protección de derechos
El proyecto incluye salvaguardas específicas para:

  • Respetar la privacidad de ciudadanos
  • Regular el uso adecuado de las imágenes
  • Prohibir el uso de celulares personales durante operativos

Las autoridades estatales y municipales serán responsables de:

  • Adquisición y mantenimiento del equipo
  • Resguardo adecuado de la información
  • Capacitación del personal

“Si queremos recuperar la seguridad, debemos hacer del trabajo policial un ejercicio transparente”, concluyó el diputado Chávez, quien destacó que esta medida podría ser un parteaguas en la relación entre fuerzas de seguridad y ciudadanía.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis, donde se evaluarán aspectos técnicos y presupuestales para su implementación. Organizaciones civiles ya manifestaron su apoyo a la propuesta, calificándola como “un paso necesario hacia la rendición de cuentas en materia de seguridad pública”.

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