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Congreso

Hugo Rangel Presenta Iniciativa para Alinear la Constitución de Michoacán con la Federal en Materia Judicial

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Morelia, Michoacán, 18 de octubre de 2024 – El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Hugo Rangel Vargas, ha propuesto una iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de Michoacán con el objetivo de alinear el marco jurídico estatal con el federal en el ámbito del Poder Judicial.

Durante la Sesión Ordinaria del pasado jueves, Rangel destacó la importancia de esta adecuación para garantizar una implementación adecuada de los preceptos federales en la entidad. La reforma busca promover un sistema de justicia más inclusivo y equitativo, así como modificar el proceso de designación de los titulares del Poder Judicial, proponiendo que sean elegidos mediante voto popular.

El legislador enfatizó que esta iniciativa es crucial para erradicar la marginación que enfrentan campesinos y comunidades indígenas en materia judicial, asegurando que el acceso a la justicia sea efectivo y que los servicios judiciales lleguen a las áreas rurales. Según Rangel, la realidad actual muestra que muchos habitantes de comunidades marginadas enfrentan dificultades estructurales para acceder a instituciones de justicia.

“Es fundamental eliminar la discriminación en el ejercicio de los derechos de la población vulnerable para garantizar la justicia social”, afirmó. A pesar de los avances legislativos, persisten deficiencias que obstaculizan el acceso a la justicia y el derecho a la defensa en Michoacán, afectando particularmente a aquellos en desventaja social y económica.

Rangel también señaló que no todos los ciudadanos cuentan con los recursos o el conocimiento necesario para defenderse adecuadamente, lo que agrava la situación de los sectores vulnerables. “Estas barreras impiden que muchas personas accedan a la defensa legal necesaria para proteger sus derechos fundamentales”, añadió.

Finalmente, el diputado subrayó que su propuesta busca eliminar cualquier posibilidad de acuerdos clandestinos entre los poderes, estableciendo que la elección de los titulares del Poder Judicial debe ser directa y transparente, honrando el mandato constitucional y cerrando la puerta a intereses particulares que se alejen del propósito de la reforma.

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