Congreso
Los bajos ingresos continúan afectando a la población ocupada en México: Víctor Manríquez
-Apuntó que el 34.2 por ciento de la población ocupada tiene un nivel de ingreso de hasta un salario mínimo y 33.2 por ciento lo tiene de entre uno y dos salarios mínimos
A pesar de los aumentos al salario mínimo ocurridos en los últimos años, los bajos ingresos continúan afectando a la población ocupada, asalariada y a las personas trabajadoras del hogar en México, condenó el diputado Víctor Manríquez González, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
El legislador apuntó que el 34.2 por ciento de la población ocupada tiene un nivel de ingreso de hasta un salario mínimo y 33.2 por ciento lo tiene de entre uno y dos salarios mínimos.
“Esto significa que 67 de cada 100 personas trabajadoras en México no gana más de dos salarios mínimos, lo que significa que, aun trabajando, le resulta imposible salir de la línea de la pobreza y, si debe compartir sus ingresos con una familia, su vida está condenada a la precariedad”.
Víctor Manríquez puntualizó que esas desigualdades en el ingreso también son evidentes entre personas trabajadoras del sector agropecuario frente al no agropecuario, de ahí que todavía subsistan retos importantes para asegurar el ejercicio pleno del derecho al trabajo en sus múltiples ramas y dimensiones, como es el ingreso, el salario y el reconocimiento y la salvaguarda de los derechos laborales de todas las personas trabajadoras.
“Nuestro país está entre aquellos en los que las personas tienen períodos anuales de vacaciones más cortos y con una de las jornadas laborales más largas. Poco más del 25 por ciento de la población ocupada declara tener una duración de la jornada de trabajo acumulada semanalmente, de más de 48 horas, y en el caso de las vacaciones pagadas un trabajador mexicano debe laboral al menos 40 años para acceder a los mismos derechos que tienen, en términos de vacaciones, las personas trabajadoras en Brasil”.
Consideró innegable que el Estado no puede seguir siendo omiso a esta situación, pues es de justicia que ninguna de las personas trabajadoras sea condenada a la pobreza.
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