Octavio Ocampo propone protocolo de seguridad escolar ante el Poder Legislativo

Morelia, Michoacán a 15 de abril de 2026.

El diputado del PRD, Octavio Ocampo, presentó ante el pleno de la 76 legislatura local una iniciativa que busca reformar la Ley de Educación y la Ley Orgánica Municipal para establecer un protocolo estatal de actuación frente a hechos de inseguridad que afecten a los planteles educativos en la entidad.

De acuerdo con el proyecto presentado por el legislador, la propuesta consiste en la creación de Consejos de Participación y Prevención de Riesgo Escolar en los municipios. Estos organismos fungirían como enlace entre las instituciones académicas, los ayuntamientos y la Secretaría de Educación, con el objetivo de coordinar las respuestas institucionales ante situaciones de violencia o desastres naturales.

Octavio Ocampo señaló en su exposición de motivos que la entidad carece actualmente de un marco normativo que regule la coordinación de autoridades cuando la integridad de los estudiantes está en riesgo. Según lo expuesto por el diputado, la falta de criterios técnicos ha derivado en suspensiones de clases de manera desordenada en diversos municipios, citando como referencia eventos ocurridos en localidades como Coahuayana.

La iniciativa detallada por el representante del PRD contempla los siguientes ejes técnicos:

Un protocolo estatal con reglas para el resguardo de alumnos, suspensión temporal de actividades y acompañamiento psicosocial. Asimismo, el establecimiento de mecanismos de alerta temprana para la comunicación directa entre directivos escolares y cuerpos de seguridad pública.

La propuesta también estipula que cualquier decisión sobre la suspensión de labores académicas deberá fundamentarse en informes oficiales de protección civil y seguridad. Además, se plantea la obligación de que los ayuntamientos designen a un responsable específico para la atención permanente de las necesidades de las escuelas en materia de prevención.

El legislador Octavio Ocampo argumentó que estas reformas buscan brindar certeza jurídica y operativa a docentes y familias, estableciendo una corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno para garantizar el derecho a la educación en entornos seguros. La propuesta fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación.

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