Presenta Memo Valencia iniciativas para endurecer penas por el delito de amenazas de muerte y robo a cuentahabientes

Morelia, Michoacán, 27 de febrero de 2025.- El diputado priista Memo Valencia presentó ante el Pleno del Congreso de Michoacán dos iniciativas de reforma al Código Penal estatal con el objetivo de incrementar las sanciones por el delito de robo a cuentahabientes y amenazas de muerte. Las propuestas buscan brindar mayor protección a la ciudadanía frente a prácticas delictivas que han ido en aumento en la entidad.

En su primera iniciativa, Valencia propuso modificar el Artículo 204 para elevar la pena hasta diez años de prisión en casos de robo cometido contra personas que, en un tiempo razonable, hayan retirado dinero en efectivo de bancos, instituciones financieras, cajeros automáticos o establecimientos similares. “No podemos tolerar más abusos contra la gente trabajadora de Michoacán”, subrayó el legislador, destacando la vulnerabilidad de las víctimas, especialmente adultos mayores que son asaltados tras cobrar sus pensiones. Según explicó, esta medida se enfoca en robos con violencia que afectan el sustento básico de las familias.

En una segunda propuesta, el diputado planteó reformar el Artículo 187 para endurecer las penas por amenazas de muerte cuando existan elementos que, a juicio de la autoridad, hagan creíble la posibilidad de violencia. En estos casos, la sanción sería de dos a seis años de prisión, más una multa de 500 a mil días, junto con una caución para evitar reincidencias. Valencia argumentó que este cambio busca desincentivar la violencia psicológica, que también daña el tejido social, y garantizar que los responsables enfrenten consecuencias más severas. Además, solicitó que el delito se persiga de oficio una vez acreditada su gravedad, evitando que las víctimas sean intimidadas para retirar sus denuncias.

Ambas iniciativas, respaldadas por 20 diputados de la 76 Legislatura local, reflejan la preocupación por el aumento de estos delitos en Michoacán y la necesidad de fortalecer el marco legal para proteger a la población.