JJOO: Detienen en Sao Paulo al menos a 35 personas por protestas

La Avenida Paulista, conocida como el corazón financiero del país, fue el escenario de la protesta contra el presidente interino Michel Temer y el desarrollo de los Juegos Olímpicos.

Las protestas contra la realización de los Juegos Olímpicos con el gobierno interino de Michel Temer tuvieron lugar también en Sao Paulo, la ciudad más poblada de América Latina. En esa urbe, la Policía Militarizada detuvo este viernes al menos a 35 personas.

Cerca de un centenar de personas contrarias a los Juegos se congregaron en la Avenida Paulista, conocida como el corazón financiero del país, y cuando los manifestantes comenzaron a desplazarse hacia el centro de la ciudad se produjeron enfrentamientos.

“Fora Temer”, estuvieron entre las expresiones de los manifestantes.

El grupo antidisturbios de la Policía Militarizada usó gases lacrimógenos y esprays de pimienta para dispersar la manifestación.

De acuerdo con las autoridades, la manifestación no estaba autorizada para su movilización hasta el centro de la ciudad por falta de aviso de sus organizadores.

La protesta se realizó casi de manera simultánea a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, donde se presentó una manifestación similar en las afueras del estadio Maracaná, el escenario de la inauguración..

En contextoEl pasado 27 de julio la presidenta separada de su cargo, Dilma Rousseff, y su antecesor en el cargo, Lula da Silva, anunciaron que no acudirán a la ceremonia de inauguración de los JJOO, debido a la presencia del presidente interino Michel Temer, quien ocupa el cargo tras el golpe de Estado parlamentario contra la mandataria. Dilma Rousseff está suspendida de su cargo mientras se estudia si es culpable de supuestamente haber maquillado los fondos públicos entre 2014 y 2015, además de “cargar” a los bancos del Estado gastos correspondientes al Gobierno. El pasado 12 de mayo, el Senado de Brasil votó a favor del juicio político en su contra, por lo que fue separada de la presidencia por un período de hasta 180 días, en lo que es interpretado por los analistas como un golpe de Estado parlamentario contra el Gobierno progresista y un atentado feroz contra las políticas sociales.

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