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Elimina Suprema Corte de EUA audiencia de fianza a inmigrante detenido

Washington.- El gobierno federal de Estados Unidos no está obligado a dar una audiencia de fianza a un inmigrante detenido durante meses o años y que enfrenta un proceso de deportación, resolvió este martes la Suprema Corte de Justicia.
La votación del máximo tribunal incluyó cinco votos a favor de los magistrados de orientación conservadora Samuel Alito Jr, John Roberts, Neil Gorsuch, Clearence Thomas y Anthony Kennedy, así como tres en contra de los progresistas Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Ruth Bader Ginsburg.
El caso fue presentado por el mexicano y residente legal permanente de los Estados Unidos, Alejandro Rodríguez, quien fue encontrado culpable en 2004 por una ofensa relacionada con drogas y robo de vehículo, por lo cual el gobierno puso en marcha su proceso de deportación.
Un juez de migración ordenó la deportación de Rodríguez a México, pero éste decidió disputar el fallo ante la Barra de Apelaciones Migratorias, la cual determinó que sí era elegible a ser removido. Ante esto, el mexicano llevó el caso ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
Al mismo tiempo, Rodríguez sometió una petición de “habeas corpus” ante la Corte del Distrito Central de California, al argumentar que tenía derecho a una audiencia de fianza para determinar si su detención había sido justificada.
La Corte de California falló a favor de Rodríguez y fue secundada por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que implícitamente determinó que las audiencias de fianza debían darse con una periodicidad de seis meses.
Pero la mayoría conservadora de la Suprema Corte de Justicia invalidó este martes el dictamen de la Corte de Apelaciones, por lo que los inmigrantes detenidos con fines de deportación perderán el derecho a una audiencia de fianza cada seis meses para decidir si su reclusión es justificada.
En contra de la decisión, el magistrado progresista Stepehn Breyer recordó a sus colegas magistrados que “la Claúsula de Debido Proceso de la Constitución protege el derecho de cada persona a un arresto arbitrario”. Fue secundado por Sotomayor y Ginsburg.
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