En México la tortura y los malos tratos son una práctica generalizada: ONU

En México, la tortura y los malos tratos que siguen a la detención de personas y antes de que éstas sean puestas a disposición de la justicia, son una práctica generalizada y se presentan en un contexto de impunidad, según un reporte que la Cámara de Diputados recibió de Juan Méndez, Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Según informa Noticias MVS, el documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria de San Lázaro, indica que en estos hechos participan activamente las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones, así como de las Fuerzas Armadas, con la tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.

Advierte que las medidas para evitar la tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes son “débiles”, en especial en los primeros momentos de una detención, y al momento de asegurar investigaciones prontas, independientes, exhaustivas e imparciales. Asegura que en los registros de detención, los exámenes médicos son deficientes, no dan cuenta de las denuncias o evidencias de tortura, y tampoco hay un control adecuado sobre la legalidad de las detenciones ni los plazos para la presentación al Ministerio Público.

Los detenidos, refiere, no tienen acceso a una defensa adecuada en lo inmediato, las declaraciones se realizan sin intervención judicial ni la presencia de abogados, no se inician investigaciones de oficio ni se excluyen pruebas obtenidas bajo tortura, lo que deriva en interpretaciones incorrectas y restrictivas del Protocolo de Estambul.

Aunque el marco normativo se ha fortalecido con reformas en materia de derechos humanos, de atención a las víctimas y al Código de Justicia Militar, sigue pendiente la tipificación federal de la tortura conforme a los estándares internacionales, la eliminación del arraigo  y la creación de jueces de ejecución penal, señala.

El informe indica que los casos de tortura en México siguen siendo altos, persiste la impunidad y no hay mecanismos de reparación integral.

El riesgo de la impunidad

El reporte entregado por Méndez destaca que van en aumento las denuncias por abusos de la policía durante manifestaciones o contra periodistas y defensores de derechos humanos, casos que tampoco se han investigado de manera efectiva.

Y aunque existen protocolos de uso de la fuerza en México, no hay ley federal que regule esa materia de acuerdo a los estándares internacionales, por lo que es preciso fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Destaca que la impunidad de la tortura y los malos tratos alienta su repetición y agravamiento, por lo que el Estado debe establecer medios para investigar y sancionar debidamente esos actos.

El relator de la ONU recomienda tipificar la tortura a nivel federal y conforme a instrumentos internacionales, velar por que las leyes federales y estatales contemplen las obligaciones y garantías que derivan de la prohibición absoluta de la tortura; investigar, procesar y sancionar debidamente los casos, que el delito sea imprescriptible y se repare el daño sufrido por las víctimas.

Además sugiere modificar el Código de Justicia Militar, para que los casos de tortura cometidos entre militares sean juzgados en el fuero civil; restringir en la Constitución y demás leyes, la detención sin orden judicial, eliminar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa.

El relator pidió a México investigar los casos de tortura y retomar las indagatorias sobre la Guerra Sucia; asegurar investigaciones imparciales, independientes y exhaustivas; así como garantizar que los responsables serán procesados y castigados penal y administrativamente.

Además, pide suspender a todo funcionario que sea investigado por tortura y malos tratos, documentar los casos en que jueces y fiscales no ordenen investigación de oficio de casos de tortura, y garantizar la separación de los servicios periciales de los Ministerios Públicos, a fin de que los casos se conduzcan de manera imparcial.

Para prevenir la tortura, sugiere retirar en definitiva a las  fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, además de asegurar el registro inmediato y completo de las detenciones, aplicar exámenes médicos rigurosos a fin de corroborar cualquier evidencia de tortura y malos tratos y sancionar a las autoridades que incumplan tales medidas.

Entre otras recomendaciones, solicita garantizar el acceso a un abogado desde el momento de la detención y que esté presente durante todas las diligencias y recomienda a jueces y fiscales que rechacen toda prueba o declaración obtenida bajo tortura, malos trato y violación a las garantías individuales.

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