FGR y SRE reservan por 5 años caso de Rubén Rocha Moya

MÉXICO — Dos instituciones del Gobierno de México reservaron por un periodo de cinco años la información relacionada con las investigaciones e intercambios diplomáticos que involucran al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza, según consta en respuestas a solicitudes de información pública emitidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR).

​Las resoluciones administrativas emitidas por los comités de transparencia de ambas dependencias establecen que los expedientes permanecerán bajo llave hasta el año 2031, argumentando riesgos para la seguridad nacional, el debido proceso y las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

​La medida afecta directamente los documentos generados por la FGR y la SRE en la Ciudad de México, tras las solicitudes de acceso a la información presentadas por periodistas y ciudadanos luego de que, en abril de 2026, fiscales federales del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Nueva York señalaran a Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza por presuntos vínculos operativos con facciones del crimen organizado en Sinaloa.

​Las clasificaciones de reserva formalizadas por los comités de transparencia se aplicaron de manera consecutiva entre mayo y junio de 2026, cubriendo tanto las declaraciones ministeriales presenciales como las notas diplomáticas bilaterales.

​Qué establecen las resoluciones oficiales

​El proceso de reserva institucional se divide en dos vertientes jurídicas:

• ​La Declaración Ministerial (FGR): La Fiscalía General de la República determinó clasificar como confidencial y reservada la totalidad de la declaración jurídica rendida por Rubén Rocha Moya en mayo de 2026 en calidad de imputado/testigo. El argumento técnico de la FGR señala que la difusión de los cuestionamientos, datos de prueba y respuestas del exmandatario estatal vulneraría las líneas de investigación en curso, afectaría la presunción de inocencia y entorpecería los procedimientos judiciales vigentes.
• ​El Expediente Diplomático (SRE): La Secretaría de Relaciones Exteriores aplicó un criterio de reserva similar para toda correspondencia, memorándum o solicitud de asistencia jurídica mutua intercambiada entre la Embajada de Estados Unidos en México, el Departamento de Estado y la Cancillería mexicana. Según el dictamen de la SRE, la entrega de estos datos menoscabaría las negociaciones diplomáticas en materia de seguridad y violaría los convenios de confidencialidad recíproca internacional.

​Adicionalmente, el Gabinete de Seguridad reservó por un periodo de tres años las minutas del encuentro bilateral de alto nivel ocurrido el pasado 21 de mayo en Palacio Nacional, donde la titular del Ejecutivo Federal y autoridades de seguridad pública recibieron a una delegación estadounidense encabezada por el secretario de Seguridad Interna de EE. UU., Markwayne Mullin.

​Importancia del caso para el interés público

​De acuerdo con especialistas en derecho constitucional y transparencia, la aplicación de reservas por cinco años suspende el escrutinio público sobre el uso de los canales institucionales de procuración de justicia en casos que involucran a altos funcionarios en funciones.

​Mientras que las dependencias argumentan que el resguardo de la información es indispensable para garantizar que las indagatorias lleguen a término sin filtraciones que invaliden los procesos ante los tribunales, los solicitantes de la información señalan que la medida limita temporalmente el derecho ciudadano a conocer el estado de las investigaciones de carácter penal y diplomático.

​Por [mizitacuaro]