La Cámara de Diputados aprobó con cambios la Ley de Hidrocarburos

La Cámara de Diputados aprobó el martes con algunos cambios la nueva Ley de Hidrocarburos, que permite la “ocupación temporal” de tierras y el pago de regalías a campesinos afectados por compañías interesadas en explotar petróleo y gas.

Dicha norma está incluida en el primer dictamen de las leyes reglamentarias de la reforma energética de 2013 avalado por la Cámara baja tras una sesión de 19 horas que comenzó el lunes y en la que se registraron 150 intervenciones de legisladores.

El texto fue aprobado en lo general y en lo particular por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (NA), pero deberá regresar al Senado debido a las modificaciones realizadas al documento. En contra votaron los diputados de las formaciones políticas de izquierda: el Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), que califican la legislación como privatizadora y apuestan a una consulta popular en 2015 para revertirla.

La Ley de Hidrocarburos, que regula la exploración y extracción de petróleo y gas, autoriza la participación de empresas privadas en el sector a través de contratos de servicios, de utilidad o de producción compartida, así como de licencias.

También permite a las compañías, vía permisos, exportar e importar hidrocarburos y sus derivados, refinar crudo y procesar gas natural, además de transportar, almacenar, distribuir y comercializar los productos derivados del petróleo en el territorio mexicano.

Contenido nacional del 25%

La iniciativa establece que la producción de hidrocarburos debe tener un contenido nacional del 25% de los contratos con las empresas proveedoras y de servicios para 2015 y del 35 % para 2025.

Además, fija las zonas de salvaguarda en áreas de reserva donde estarán prohibidas las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos y autoriza a las firmas a negociar convenios de arrendamiento o compra venta con los dueños de terrenos susceptibles de ser utilizados.

En caso de no llegar a un acuerdo, el Estado puede decretar el “uso y ocupación temporal de tierras” mediante el pago de una participación “antes de impuestos” de las ganancias netas de las empresas de entre el 0,5 y 2 % para explotación de petróleo y del 0,5 al 3 % en el caso del gas.

La ley establece que si las partes acuerdan la compraventa, el pago no podrá ser de ninguna forma inferior al valor comercial de la propiedad.

Este apartado, uno de los más controvertidos de la iniciativa, ha generado el rechazo unánime de la izquierda y las organizaciones campesinas, que la semana pasada se manifestaron en la capital mexicana para advertir sobre el inminente “despojo” de sus tierras.

La polémica fractura hidráulica

También ha generado gran controversia la incorporación en la norma de la técnica conocida como fractura hidráulica, que requiere la inyección de enormes cantidades de agua para extraer los hidrocarburos, debido a las repercusiones ambientales. Además de la iniciativa de Hidrocarburos, el dictamen reforma leyes como la Minera, de Asociaciones Público Privadas y de Inversión Extranjera.

Esta última establece que la inversión foránea puede alcanzar una participación del 100 % en la construcción de oleoductos y gasoductos, así como en la perforación de pozos de petróleo y de gas.

La discusión de estas leyes se lleva a cabo en un periodo extraordinario de la Cámara baja que comenzó el lunes y se prevé concluya a finales de esta semana con la aprobación de seis dictámenes, cuatro enviados por el Senado y dos más sobre temas fiscales en energía que aún deberán pasar por la Cámara alta.

La reforma energética es considerada la más ambiciosa de las enmiendas constitucionales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto, dado que abre el sector a la inversión privada tras siete décadas de monopolio estatal.

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