Maestros toman el congreso de Guerrero para exigir reforma educacional

Integrantes del Movimiento Popular de Guerrero (MPG) y simpatizantes provenientes de otros estados marcharon este jueves en el sur de México y tomaron el Congreso local, exigiendo que los legisladores sesionen y aprueben el decreto de reforma a la Ley Estatal de Educación Número 158, impulsada recientemente por el presidente Enrique Peña Nieto.

En esta entidad, una de las más pobres del país, miles de docentes de educación básica se mantienen en paro desde el pasado 25 de febrero (cuando se promulgó le ley) y han realizado numerosas marchas, cierre de vías, toma de edificios públicos, de centros comerciales y de casetas de peaje, como parte de su lucha para cambiar la normativa.

Según reseñó la prensa local, los maestros se apostaron en las cercanías del parlamento de Guerrero en espera del inicio de la sesión ordinaria, que no pudo llevarse a cabo porque solamente llegaron 22 de los 46 legisladores.

La nota agregó que, cuando los manifestantes se percataron de esta situación, acordaron marchar rumbo al recinto, lo que obligó a desalojar al personal.

De igual modo, se informó que la dirección del MPG recibió una llamada telefónica en la que se le convocaba a una mesa de diálogo con el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

El gobernador le presentó a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) su propuesta. Al respecto, el líder de la organización magisterial, Juárez Ocampo, expresó: “fue un diálogo muy rápido y al menos está en otra actitud (Aguirre). No hubo ningún acuerdo con el gobernador, solo pudimos enterarnos de las modificaciones que se pretenden hacer y ahora vamos a entrar a dialogar con los diputados’’.

La comisión negociadora del MPG ingresó al recinto legislativo para reunirse con una comisión de 15 diputados para analizar las modificaciones al decreto de ley. Sin embargo, aún no hay pronunciaciones sobre algún acuerdo.

Los maestros denuncian que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quiere imponer una reforma educativa que busca avanzar en la privatización de la educación, aplicar estándares empresariales de evaluación al magisterio, desaparecer las escuelas normales e ignorar los usos y costumbres de 10 mil maestros indígenas.

Algunas de las dimensiones modificadas permiten que el Estado garantice los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la competencia de docentes y directivos.

Por otra parte, la reforma dicta el establecimiento del ingreso al servicio docente y la promoción de funciones directivas o de supervisión en la educación básica y media superior, mediante concursos de oposición. De esta forma, se reglamentarán los criterios, términos y condiciones para el ingresos, la promoción el reconocimiento y la permanencia en el servicio educativo. El resto de ingresos que sean conforme con la ley se considerarán nulos.

La inconformidad de los docentes, en relación con la normativa, se debe a las deficiencias y omisiones que dicen posee la ley por elaborarse y confeccionarse sin su participación.

Rechazan con mayor énfasis los artículos referidos a la evaluación magisterial y a otros de carácter laboral, ya que consideran que atenta contra diversas garantías de los trabajadores, entre las que se encuentra: la seguridad del empleo, la permanencia en el cargo y la antigüedad en la profesión.

La intención máxima de los movimientos sindicalistas docentes es que las autoridades retiren la normativa y se realice una consulta nacional para elaborar una nueva iniciativa.

El gobierno descartó que haya retrocesos en la aplicación de la Reforma Educativa, que tiene alcance federal, y afirmó que no se permitirá la transgresión de la ley.

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