México: La decisión de la Suprema Corte en el caso de Israel Arzate, un avance importante

Amnistía Internacional celebra la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ordenar la liberación de Israel Arzate Meléndez fundamentada en la nulidad de su declaración autoinculpatoria obtenida bajo tortura en instalaciones militares.

Es esencial ahora que las autoridades del estado de Chihuahua respeten la decisión de la Corte y garanticen la seguridad de Israel Arzate y su familia.

La Primera Sala de la SCJN resolvió el día de ayer, 6 de noviembre, conceder el amparo a Israel Arzate Meléndez y ordenar su liberación inmediata. Esta decisión de la Corte es trascendental al confirmar las obligaciones de las normas internacionales de derechos humanos, en particular la Convencion contra la Tortura, que estipulan claramente que la confesión o el testimonio obtenido mediante tortura o maltrato no puede ser admitido en procesos judiciales.

El caso Arzate tiene implicaciones fundamentales para las procuradurías de justicia y los juzgados en diferentes jurisdicciones del país que siguen ignorando evidencia de tortura con el objetivo de mantener el valor probatorio de los testimonios obtenidos bajo coerción. Esta práctica lleva a la condena de inocentes y la impunidad para los verdaderos culpables y sigue siendo un obstáculo grave para prevenir la tortura.

Israel Arzate fue detenido arbitrariamente el 3 de febrero de 2010 y trasladado a un cuartel militar donde fue sometido a tortura y amenazas en presencia de un agente del ministerio público para obtener su confesión autoinculpatoria. La filmación de su confesión sirvió como prueba de cargo para acusarle de haber participado en la masacre de Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, Chihuahua, en la que murieron 15 jóvenes y otros 10 resultaron heridos el 30 de enero de 2010. Desde entonces Israel Arzate ha permanecido detenido, estando los últimos meses sometido a arresto domiciliario.

A pesar de la decisión de la Suprema Corte, Amnistía Internacional ve con preocupación las declaraciones realizadas por autoridades estatales que aseguran contar con evidencias en contra de Israel Arzate, a pesar de nunca han acreditado su participación en los hechos con más pruebas que la confesión falsa. Además, la organización ha recibido información de que tras darse a conocer la decisión de la Suprema Corte, agentes de la procuraduría estatal intentaron trasladar a Israel Arzate desde su casa, donde permanece custodiado por policías, para asistir a una supuesta audiencia judicial inexistente y de la que no se había notificado a sus abogados, lo cual podría constituir un acto de intimidación.

Es preocupante que las autoridades del estado de Chihuahua parezcan no aceptar la implicación de la decisión de la Suprema Corte de que el caso montado contra Israel Arzate fue basado en las violaciones de derechos humanos y la negación al debido proceso. Es hora de reflexionar sobre esta realidad, aceptar plenamente el fallo y garantizar la seguridad de Israel Arzate y su familia contra cualquier represalia que pudiera sufrir por haber sido liberado.

Asimismo Amnistía Internacional llama a la Procuraduría General de la República a investigar la tortura de la que fue objeto Israel Arzate, juzgar a los responsables y asegurar la reparación moral y material del daño.

Finalmente, Amnistía Internacional considera que esta sentencia pone en evidencia la falta de capacidad del sistema de procuración de justicia en México para llevar a cabo investigaciones efectivas que permitan identificar a las personas responsables de graves hechos de violencia como la masacre de Villas de Salvárcar y llevarlas ante la justicia sin recurrir a métodos violatorios de los derechos humanos como la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes para obtener confesiones auto-inculpatorias. Esta falta de capacidad provoca que la mayor parte de los crímenes que se producen en el país continúen en la impunidad. Por ello

Amnistía Internacional recuerda la obligación del estado mexicano de realizar investigaciones prontas, efectivas e imparciales, garantizado el respeto por los derechos humanos, que aseguren el acceso a la justicia y la verdad para las familias de las víctimas y las personas supervivientes.