Padres de los 43 normalistas aseguran que el Gobierno les negó el acceso a los cuarteles

El Gobierno mexicano negó a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el ingreso a los cuarteles militares, a pesar de que en enero había anunciado que accedería a esta petición, informó este lunes el abogado Vidulfo Rosales.

La decisión fue notificada por el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, en una reunión que sostuvo con los familiares de las víctimas el viernes pasado en la capital mexicana.

“Fue un no rotundo por parte del subsecretario; ya hay una decisión tomada del Estado que no es posible una visita de los cuarteles”, declaró Rosales a Radio Fórmula.

Durante el encuentro, los familiares argumentaron que “era un compromiso ya asumido por las autoridades”, pero el Gobierno se mantuvo en que no permitirá el acceso a los cuarteles, indicó el letrado.

El Gobierno anunció en enero pasado que abriría los cuarteles al escrutinio de los familiares, pero luego aclaró que el acceso solo sería al 27 Batallón de Infantería de Iguala, la ciudad donde los 43 estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 a manos de policías corruptos y miembros del crimen organizado.

El argumento del Gobierno para cambiar su decisión fue “que había polarización” y un señalamiento de parte de los familiares de las víctimas contra el Ejército.

Una decisión inesperada

El abogado de los familiares afirmó que esta determinación los tomó por sorpresa y que están explorando otros caminos legales para poder ingresar a las instalaciones castrenses.

“Por ejemplo, hay algunos juicios de amparo por la desaparición forzada de los jóvenes; por ahí puede ser esta ruta donde el juez de distrito puede realizar una visita con padres a algunos planteles”, comentó, al tiempo que destacó que el ingreso de civiles a los cuarteles no representa “ningún riesgo a la seguridad nacional”.

Además, Rosales insistió en que la investigación sobre la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa debe incluir al Ejército mexicano. Los padres reclaman al Gobierno que investigue el papel del Ejército en los hechos violentos del 26 de septiembre, en los que murieron seis personas y otras 25 resultaron heridas en ataques a tiros perpetrados por policías locales.

El Gobierno ha rechazado tajantemente la participación de las fuerzas federales esa noche y la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) se ha negado a abrir una línea de investigación sobre ello.

La Fiscalía aseguró en enero que comprobó científicamente que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en un basurero por miembros del cártel Guerreros Unidos al creer que pertenecían al grupo antagónico Los Rojos, pero los familiares no creen en esta versión y mantienen su búsqueda.

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