«Se acabó la fiesta», advierte gobierno a empresas de outsourcing ilegal (Subcontratacion)

México.- El gobierno federal advirtió que “se acabó la fiesta” y respaldó la regulación del outsourcing, al que anualmente hay una evasión de 21 mil millones de pesos y que ya se tienen detectadas a 14 mil 553 empresas que en diciembre pasado dieron de baja a todo su personal, para recontratarlo en enero.

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, confirmó que la dependencia a su cargo no hizo ninguna revisión en los pasados sexenios, pero esta administración ya inició revisiones en 6 mil empresas para detectar “prácticas abusivas” en materia de outsourcing.

Mientras que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, recordó que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ubicó en 324 mil millones de pesos anuales la defraudación de naturaleza fiscal, a partir de las factureras, las empresas fachada y la práctica ilegal del outsourcing, lo que constituye el delito de lavado de dinero. “Se acabó la fiesta por el bien de todos”, dijo.

Al iniciar en el Senado el Parlamento Abierto para revisar el dictamen aprobado en comisiones en diciembre pasado, que regula la práctica del outsourcing, los funcionarios compararon la subcontratación legal e ilegal con el colesterol bueno y malo.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dijo que no se pueden permitir abusos, engaños o simulaciones porque esta práctica es como el colesterol bueno y el malo, “y cuando tenemos esta cara del agandalle, de los vivales, dañamos a todos los demás, a todos los que pueden estar haciendo un uso correcto”.

Expuso que no solo se dañan derechos laborales de trabajadores, sino su salud, porque al someterlos a una intermitencia no reciben sus tratamientos en el IMSS y empeora su enfermedad, sobre todo cuando es crónico-degenerativa.

?“En el seguro social detectamos apenas ahora en diciembre de 2019, 14 mil 553 empresas que dieron de baja a absolutamente todo su personal, toda su nómina. Y, no son empresas chicas, van de 101 trabajadores hasta 500 empleados y para arriba (…) son grandes corporaciones que ya se pueden dar el lujo de tener un despacho llevándoles contabilidades y demás”, reveló al señalar que muchas ya están detectadas y se sabe que en enero empezaron a contratar otra vez a su mismo personal, con al menos 64 mil trabajadores en esa situación.

En ese sentido, advirtió que esas empresas deben saber que podrían enfrentar problemas más adelante y estar obligadas a pagar millones de pesos, porque cuando el trabajador se jubile podrá reclamar sus derechos irrenunciables de capitales constitutivos “y nosotros no vamos a parar”.

La secretaria Alcalde informó que desde que ella llegó a la Secretaría del Trabajo se dio cuenta que no había una sola revisión a empresas por práctica ilegal de subcontratación, pero este gobierno montó ya una estructura con el SAT, IMSS, UIF, la Procuraduría Fiscal y el Infonavit para identificar el outsourcing abusivo y evitar la defraudación al fisco, a trabajadores y a institutos de seguridad social.

Acusó que el outsourcing creció al amparo de la autoridad y no se trata de combatir la subcontratación legal, que sí tiene sentido en la cadena productiva, sino de combatir el deporte nacional de la subcontratación abusiva que no ha tenido límites y que se ha valido de gigantescas maquinarias que han permitido que prolifere y se expanda.

“Que quede claro lo que se vale y lo que no se vale, y aquello que no se vale, simplemente no tenga cabida y sea sancionado con todo el peso de la ley”, dijo.

En su turno, el presidente de la Comisión del Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, dijo que el dictamen ya está votado, pero este parlamento servirá para fortalecerlo, mejorarlo y, sin perder la sustancia del mismo, robustezca la subcontratación legal, ética y correcta que no va a desaparecer.

La presidenta del Senado, Mónica Fernández, hizo notar que según estimaciones, la subcontratación ilegal le cuesta al fisco alrededor de 500 mil millones de pesos cada año, por evasión del Impuesto Sobre la Renta (ISR), porque 5 millones de trabajadores están subcontratados bajo esquemas de simulación.

Milenio / Silvia Arellano y Angélica Mercado

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