Alfredo Ramírez Bedolla califica de arbitraria la remoción de consejeros del IEM por parte del INE

Morelia, Michoacán, 19 de junio de 2026.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, calificó como “arbitraria, desproporcionada y centralista” la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de remover a cinco consejeros del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

El titular del Ejecutivo estatal afirmó que esta resolución coloca en una situación de vulnerabilidad institucional el inicio del proceso electoral 2026-2027 y compromete la atención a los procesos de autogobierno de las comunidades indígenas en la entidad.

De acuerdo con las declaraciones del mandatario, la medida del órgano electoral nacional genera incertidumbre en la vida democrática del estado, al dejar sin la integración suficiente al organismo responsable de organizar las próximas elecciones locales, donde se renovarán las presidencias municipales, el Congreso del Estado y la titularidad del Poder Ejecutivo.

El gobernador sostuvo que, a menos de tres meses del inicio formal del proceso electoral, la determinación del INE debilita al órgano electoral local en un momento donde se requiere certeza. Asimismo, argumentó que la resolución representa una intromisión a la autonomía constitucional de las instituciones electorales locales y desconoce los mecanismos democráticos en materia de derechos de los pueblos indígenas implementados en la entidad.

Alfredo Ramírez Bedolla señaló que decenas de comunidades en Michoacán ejercen su derecho a la libre determinación a través del autogobierno, procesos que requieren el acompañamiento y validación permanente del IEM, por lo que desmantelar el organismo pone en riesgo la atención institucional de dichos procesos comunitarios.

Finalmente, el mandatario cuestionó que la decisión se adoptara en la antesala de los comicios locales, lo que a su juicio genera un escenario de incertidumbre jurídica y operativa que afecta la confianza ciudadana, por lo que hizo un llamado al INE a actuar con prudencia y responsabilidad para restablecer las condiciones que garanticen la estabilidad política y la certeza jurídica de cara al arranque del proceso electoral en septiembre.

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