Ante el reclamo michoacano, federación se vio obligada a declarar zona de desastre a diez municipios de la entidad

El diputado local por el Distrito de Huetamo, Elías Ibarra Torres, aseveró que no fue un gesto de responsabilidad ni de solidaridad espontánea, lo hecho por el gobierno federal al declarar a diez municipios michoacanos como zona de desastre por las afectaciones climáticas, sino una respuesta obligada frente a los constantes llamados que desde Michoacán se le efectuaron para que reaccionara.

Luego de que este lunes en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Gobierno publicó la declaratoria de desastre en diez municipios, el presidente de la Comisión de Salud de la LXXII Legislatura local, consideró que “más vale tarde que nunca”.

“La falta de sensibilidad del gobierno federal sobre la problemática que atravesaba la entidad frente a las afectaciones ambientales, hizo que desde diferentes trincheras se efectuaran llamados de apremio a la administración de Enrique Peña Nieto a fin de que reaccionara”.

Recordó que él mismo, el pasado 24 de septiembre en sesión del Pleno Legislativo, en la máxima tribuna estatal, emitió un posicionamiento sobre la necesidad de que el Fondo Nacional de Desastres atendiera la situación de crisis en los municipios del estado.

Ibarra Torres apuntó que hoy ve resultados a tal llamado, de forma que el gobierno federal ha declarado como zona de desastre a los municipios Aquila, Arteaga, Coahuayana, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Tacámbaro, Tepalcatepec, Turicato y Tumbiscatío por la ocurrencia de lluvia severa el 15 de septiembre provocada por el huracán “Manuel”, así como al municipio de San Lucas por la inundación fluvial del 19 de septiembre.

“Aunado a lo anterior, se logró que este lunes también se emitiera la declaratoria de emergencia para esos mismos municipios, salvo en el caso de San Lucas”.

El legislador recordó que dicha declaratoria de desastre natural permitirá que Michoacán acceda a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil; mientras que la declaratoria de emergencia, permite la llegada de los fondos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.