Auditoría Superior de la Federación denuncia penalmente al gobierno de Fausto

Morelia; Michoacán.-  El pasado viernes  21 de febrero la Auditoria Superior de la Federación dio a conocer el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012. Estos resultados exhiben el desvío de recursos y el desorden que existe en la administración pública estatal, encabezada por Fausto Vallejo Figueroa, señalaron los diputados que integran el Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado.

En su informe el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados Federal señaló que en Michoacán se realizaron 26 auditorías: de las que resultaron 15 dictámenes negativos, 9 dictámenes con salvedad  y apenas 2 dictámenes limpios.

 La Auditoria Superior de la Federación  señala que el actual gobierno de Michoacán  es el segundo con más observaciones en México al  acumular  325, sólo por debajo de Jalisco (356 observaciones), lo cual refleja el desaseo en el manejo de los recursos federales que se destinaron al gobierno de Michoacán.

 El órgano fiscalizador federal destaca también que la actual administración de Fausto Vallejo Figueroa triplicó el número de observaciones hechas al último año del gobierno de Leonel Godoy, al pasar de 33 inconsistencias en el 2011 a 100 en el 2012.

Ante este desaseo y desorden administrativo la Auditoria Superior de la Federación determinó presentar  4 denuncias penales en contra del gobierno de Fausto Vallejo Figueroa por los desvíos detectados y  establecieron un monto a recuperar superior a los 2 mil 661 millones de pesos.

Este informe de resultados coincide con el que presentó la Auditoría Superior de Michoacán dependiente del Congreso del  Estado, en relación al enorme desorden administrativo del gobierno de Vallejo Figueroa. También coincide con la decisión del gobierno federal de intervenir la Secretaría de  Finanzas y Administración del estado, para administrar de forma directa  los recursos federales.

 Por todo lo anterior recobra relevancia la entrada en vigor de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental, vetada por el Gobernador del Estado.