FGR detiene a exfuncionario por delincuencia organizada y malversación de fondos.

CIUDAD DE MÉXICO a 8 de enero de 2026.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Eduardo “N”, ex servidor público investigado por su probable participación en delitos de delincuencia organizada y peculado. La imputación señala su posible vinculación con operaciones con recursos de procedencia ilícita durante el ejercicio de sus funciones en administraciones pasadas.

A través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el Ministerio Público Federal presentó los elementos de prueba en la audiencia inicial. Según las investigaciones, entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, el imputado habría suscrito de manera ilícita contratos de servicios destinados a diversos Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), bajo la gestión de otro ex funcionario federal.

Tras la formulación de la imputación, la defensa de Eduardo “N” se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá en una próxima sesión. Mientras tanto, el juez de control ratificó la prisión preventiva como medida necesaria para garantizar el desarrollo del proceso judicial.

La captura del individuo fue ejecutada en el estado de Puebla por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), mediante labores de inteligencia y coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Las autoridades enfatizaron que, conforme a derecho, al imputado se le presume inocente en tanto no se dicte una sentencia condenatoria por parte de la autoridad judicial.

La administración estatal y federal refieren que este caso forma parte de una estrategia integral para combatir la corrupción y el uso indebido de atribuciones en el servicio público. Bajo esquemas de transparencia y apego a la legalidad, se busca resarcir el daño al erario y asegurar que las contrataciones en el sistema penitenciario y otras áreas estratégicas se realicen bajo estrictos controles de supervisión para evitar el desvío de recursos públicos.

Como parte del fortalecimiento al Estado de Derecho, la FGR ha destacado que el combate a la delincuencia organizada desde el interior de las instituciones es una prioridad para recuperar la confianza ciudadana, asegurando que las investigaciones por peculado lleguen hasta las últimas consecuencias para garantizar que los recursos destinados a la seguridad y justicia sean aplicados correctamente.

MiZitácuaro.