Michoacán endurece medidas contra deudores alimentarios: sin licencias, concesiones ni permisos

Reformas propuestas por el gobernador Alfredo Ramírez incluyen restricciones para ocupar cargos públicos y obligan a informar sobre deudas alimentarias en matrimonios.

Morelia, Michoacán, 4 de marzo de 2025. – El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó un paquete de reformas en materia de derechos alimentarios que incluye medidas contundentes contra quienes incumplen con sus obligaciones de manutención. Entre las disposiciones destacan la prohibición de tramitar o renovar licencias de conducir, concesiones, permisos y constancias de transporte para los deudores alimentarios.

La iniciativa, enviada al Congreso local el pasado 25 de febrero, también establece que los jueces y magistrados estatales deberán informar sobre las altas y bajas del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Además, en caso de matrimonio, se obligará a informar a los contrayentes si alguno de ellos tiene deudas alimentarias pendientes.

Ramírez Bedolla subrayó que las reformas buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger los derechos de las y los menores. “Tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria, y esta situación no puede continuar”, afirmó el mandatario.

De acuerdo con datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), entre 2021 y 2024 se registraron 7,855 casos de violencia económica en Michoacán, lo que refleja la urgencia de implementar medidas más estrictas.

El paquete de reformas también incluye la prohibición de ocupar cargos públicos para personas con antecedentes de violencia de género, procesos penales, deudas alimentarias morosas o sanciones administrativas. Estas modificaciones abarcan 50 artículos de 13 leyes y dos códigos, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico en materia de derechos alimentarios y garantizar su cumplimiento.

Con estas acciones, el gobierno de Michoacán busca combatir la impunidad y asegurar que las obligaciones de manutención se cumplan, protegiendo así el bienestar de las familias y, en especial, de los menores de edad.