Michoacán merece mejores instrumentos jurídicos que garanticen la gobernabilidad: MVAG

Morelia, Michoacán.–Como michoacanos merecemos tener mejores instrumentos jurídicos que garanticen la gobernabilidad en la entidad, precisó el secretario de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, al socializar con representantes de los medios de comunicación de esta capital, detalles del proyecto de Reforma Constitucional entregado ayer a la Mesa Directiva del Congreso local y el cual es iniciativa del gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa.

Luego de recordar que el Gobierno estatal será absolutamente respetuoso de las decisiones de la soberanía del Poder Legislativo, afirmó que el objetivo es transitar hacia mejores mecanismos de constitucionalidad para obtener un mejor marco jurídico que aplique el siguiente periodo de gobierno, a fin de fomentar la participación ciudadana.

“Lo que queremos es fomentar y motivar la discusión ciudadana de los conceptos jurídicos y no perdernos en otros caminos, para que la sociedad tenga una garantía del ejercicio del poder público”, añadió. 

Acompañado por el ex titular de la Consejería Jurídica, Emiliano Martínez Coronel, quien es asesor del Proyecto de Reforma Constitucional y por el candidato a doctor en Derecho, Jorge Islas López, catedrático de la asignatura de Derecho Constitucional de la UNAM, quien apoyó los trabajos de adecuación constitucional, el secretario de Gobierno expuso que hay figuras que no existen en la Constitución estatal y que son fundamentales para el manejo ágil de un gobierno democrático, entre ellos, para empoderar más al ciudadano, restablecer las capacidades de Referéndum y Plebiscito, así como legislar las audiencias públicas y consejos consultivos para que se conforme un vínculo entre gobernado y gobernante, lo que se conoce como “gobiernos abiertos”.

Mientras que Jorge Islas López destacó que se crea una nueva base de instrumentos, mecanismos, figuras y derechos, “producto de la enorme experiencia del gobernador y su equipo, se detectó que, ante las nuevas circunstancias políticas y sociales, se requiere de nuevos instrumentos para generar nuevos incentivos, elementos de gobernabilidad democrática para hacerla más funcional”.

En cuanto a los organismos autónomos se busca incorporar principios de autonomía, con leyes claras para que tengan mayor homogeneidad y puedan rendir cuentas al Poder Legislativo.

Otra propuesta importante es proteger la Libertad de Expresión; en el nuevo modelo constitucional se traslada esa figura al artículo primero de la Constitución local, pues actualmente se encuentra en el artículo octavo y se inserta en un contexto electoral. “El Congreso no podrá legislar disipación alguna que limite dicho derecho”, explicó el especialista.

En materia de Transparencia, el Ejecutivo del Estado propone adecuaciones para un nuevo modelo de transparencia y acceso a la información.

Además, hay una innovación constitucional para el caso del Poder Ejecutivo, que podrá presentar -dentro del año parlamentario- un máximo de tres iniciativas por año y el Legislativo tendrá treinta días para pronunciarse a favor o en contra de las mismas.

Otra de las figuras es el veto parcial, que busca que el mandatario estatal tenga la facultad de vetar disposiciones que considera no procedentes, sin embargo si el Congreso ratifica, queda firme la decisión del Legislativo.

En otro orden de ideas, se propone que el Congreso ratifique a la totalidad de los miembros del Gabinete, a cada uno de los secretarios de despacho, que valore requisitos de elegibilidad y legalidad. El Poder Legislativo habrá de designar a titulares de organismos presentes y futuros.

La iniciativa de Reforma expone que para evitar el llamado veto de bolsillo, que es cuando un gobernador decide no enviar la ley para su promulgación y por lo tanto no inicia su vigencia, el Congreso una vez que han pasado los 10 días tendrá la facultad de directamente solicitar al Periódico Oficial su promulgación para evitar parálisis o bloqueo innecesario.

Al Poder Judicial se le otorgan mayores fortalezas y facultades, para ello se propone la creación de la Sala Constitucional para resolver controversias constitucionales, cuando hay diferencias de un poder con otro.

Se le precisan al ciudadano nuevos derechos, como el Cabildo abierto y las Audiencias Públicas para que escuchen directamente las peticiones para el diseño de políticas públicas y que haya interacción constante y permanente.