¿Adiós al arraigo?

Sin matices, con la claridad que la caracteriza, Lía Limón García, titular del área de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, definió: el arraigo en México se ha utilizado más como regla, que como excepción.

Y como sabe que los números no mienten, apoyó su valoración en los datos duros. Desde el año 2010 a la fecha, las instancias encargadas de la procuración de justicia han solicitado la aplicación de esa medida cautelar a 4,000 sospechosos. De ellos, sólo 129 fueron procesados; 3.3 %, contra 96.7 % que no consiguieron consignarse, por la falta de pruebas que acreditaran su responsabilidad.

En el Senado de la República, transcurre un debate interesante sobre esa peculiar figura jurídica, que caracterizó al sexenio calderonista. La subsecretaria Limón Rojas se pronunció públicamente a favor de limitar su uso excesivo y pidió a los legisladores materializar la intención del Ejecutivo Federal y los líderes partidistas, plasmada en el Pacto por México, de implementar un nuevo sistema de justicia acusatorio y oral, cuyo reto es ser más eficiente y de mayor respeto a los derechos humanos.

En el patio central de la antigua casona de Xicoténcatl transcurre el foro sobre el arraigo. Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, parece aludir a las consideraciones de la funcionaria peñista cuando refiere que discutir sobre el arraigo en México y su impacto no es sólo un problema de estadísticas.

“Es un marco jurídico que cualquiera que sea la justificación para su implementación tiene que ser revisado a la luz de la generación de violaciones de los derechos humanos que propicia y reproduce”, machaca. Y apela a las recomendaciones de los comités de Derechos Humanos y Contra la Tortura de las Naciones Unidas, que coinciden en que la figura del arraigo desaparezca.

“El punto de partida es insistir en que aún con controles y una estricta definición del arraigo, la figura es un prejuzgamiento sobre la culpabilidad de la persona a la que se le impone”, sentencia.

La senadora perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, también fue determinante. En la realidad, definió, el objetivo del arraigo no es determinar la inocencia de una persona sino privarla de su libertad, con el fin de obtener información que pudiera ser utilizada para la etapa del juicio, la cual, en muchas ocasiones, se obtiene bajo tortura.

Y aun cuando está inscrita en la Carta Magna, insistió, el arraigo “es inconstitucional porque viola derechos y principios establecidos en tratados internacionales en materia de derechos humanos que forman parte del derecho constitucional”.

Ricardo García Cervantes, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR dejó la última palabra sobre este tema al Poder Legislativo. A diputados y senadores –definió– toca modificar el marco legal, en la forma que consideren pertinente; a la PGR corresponde respetar sus decisiones.

¿Derogar al arraigo? En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal actualmente se tramita un proyecto de dictamen que contempla la desaparición de esa figura de la legislación local. Este proyecto contaría con el aval del gobierno central, encabezado por Miguel Ángel Mancera.

Sin embargo, la mayoría perredista se ha pronunciado por implementar una figura intermedia, que le permita a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) contar con el tiempo necesario para integrar de manera óptima las averiguaciones previas.

EFECTOS SECUNDARIOS

FRENTE OPOSITOR. No obstante el revés que significa la anulación del convenio de coalición firmado por el PAN y el PRD en Veracruz, las dirigencias de ambos partidos políticos mantienen su intención de acudir coaligados a ocho de las 14 elecciones que tendrán lugar el próximo 1 de julio. En Zacatecas, han decidido postular a candidatos comunes y enfrentar al gobernador priista Miguel Alonso. Por parte del sol azteca, negocia Vladimir Aguilar García, secretario de planeación del CEN, quien propone la creación de un gran frente opositor, más allá de las coaliciones electorales, para sumar esfuerzos con el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena, Nueva Alianza y candidatos ciudadanos para garantizar la equidad en la contienda electoral, frenar los abusos de la autoridad e impulsar cambios legislativos y de política pública en Zacatecas.

¿BERRINCHES? El boom en las redes sociales que propició la desaparición de Renata Álvarez Díez Gutiérrez de su domicilio en La Herradura, municipio de Huxiquilucan, propició una intensa movilización de las autoridades de aquella demarcación y del gobierno estatal. Muy pronto supieron que se trataba de un conflicto intrafamiliar, más que de un rapto. Y es que después de que sus padres le negaran permiso para salir y los vecinos reportaran un incidente en la calle donde viven, a la joven le prohibieron usar su auto y su teléfono celular. Después de que no apareciera, sus padres cancelaron la tarjeta de crédito que le habían proporcionado. Eso explica que solo haya podido llegar hasta Morelia.

Por: Alberto Aguirre M. / elarsenal.net