¿Cohechos en Pemex?

Fueron los más brillantes de su generación. A principios de la década de los noventas, José Antonio Meade, Luis Videgaray y Raúl Alejandro Livas Elizondo hicieron carreras simultáneas en el ITAM –economía– y en la UNAM.

Los dos últimos, por recomendación de Pedro Aspe, acudieron al MIT. El ahora secretario de Hacienda fue adoptado por Rudiger Dornbush, a quien muchos identifican como el ideólogo de la tecnocracia mexicana que llegó al poder con el salinismo. El segundo, por el contrario, trabajó de cerca con el premio Nobel Paul Krugman, quien lo asesoró para trabajo para obtener el doctorado.

De regreso a México, Videgaray se fue con Aspe, mientras que Livas fue reclutado por Luis Téllez Kuenzler, entonces jefe de la Oficina de la Presidencia. Allí fue donde el joven economista y filósofo conoció a Jesús Reyes-Heroles González-Garza, , con quien tiene un vínculo indisoluble.

En el servicio público, ha tenido altos cargos en la SAGARPA –donde participó en la construcción de Procampo–,  Banobras y en dos ocasiones en Pemex. La primera vez, con Adrián Lajous y en la segunda oportunidad, con Reyes-Heroles, quien lo designó director general de operaciones y le encargó cinco de las áreas más delicadas de la paraestatal, entre ellas la seguridad de las instalaciones y la actualización de los sistemas de cómputo.

A mediados del 2008, era quizá el funcionario de mayor jerarquía dentro del organigrama de aquella entidad. En su jurisdicción quedó la vigilancia de los ductos –saboteados por milicianos del EPR en el Bajío– y también, la protección de las reservas petroleras almacenadas en las instalaciones de Tula, Hidalgo.

Los constantes robos de gasolina habían generado una señal de alarma dentro de la cúpula calderonista: si los ladrones descubrían que en vagones de ferrocarril se estaban transportando a los puerto del Golfo de México millones de toneladas del combustóleo, no habría fuerzas federales con capacidad de contener esos ataques.

Desde el sexenio foxista, dentro de Pemex habían activado el proyecto SUMMA, para alinear sus procesos de gestión y administración de la información. Livas Elizondo decidió darles continuidad y simultáneamente, eliminar cualquier trámite que incentivara la participación de empresas “integradoras” o “canalizadoras” de los servicios de software o hardware.

Justo en ese periodo ocurrió la transacción puesta al descubierto por las autoridades estadounidenses que involucra a directivos de Hewllet-Packard y a funcionarios que habrían estado bajo las órdenes de Livas Elizondo, a quien identificó como el COF –Chief Operating Officer– de la paraestatal.

En esta edición de El Economista, aparece una misiva en la que se deslinda individualmente de cualquier hecho relacionado con el procedimiento administrativo 3-15382 de la SEC. “Quizá confié demasiado en cierta gente”, se lamenta al paso de los años, en medio de este escándalo que pega en la línea de flotación de sus actuales esfuerzos.

Este deslinde enfoca la atención a Manuel Reynaud Aveleyra, quien fungía como subdirector de Procesos de Negocios e Infraestructura Tecnológica de Pemex. En ese cargo tenía mucho que decir en torno al uso de un presupuesto de compras que giraba en torno a los 2,000 millones de pesos que manejaba como presupuesto en esa área anualmente.

¿Dónde está Manuel Reynaud? Nadie sabe. Aunque salió exonerado del proceso de sanción que emprendió en su contra la Secretaría de la Función Pública hace tres años.

En esta historia, hay demasiados deslindes y muy poca claridad. Y es que el boletín informativo de la SEC, del pasado jueves 9, directivos de la filial mexicana de Hewlett-Packard pagaron a un consultor para ayudar a la compañía a ganar un contrato de servicios tecnológicos públicos, valor aproximado de 6 millones de dólares.

De acuerdo a esa agencia del gobierno estadounidense, al menos  125,000 dólares fueron “canalizados” a un directivo de Pemex a través de un “consultor” contratado por una “entidad canalizadora”. A este tipo de pagos le denominaban “cuota influyente” dentro de la firma multinacional; no obstante, nadie ha procedido contra este cohecho.

Las conductas indebidas quedaron circunscritas “a un pequeño número de personas que ya no son empleados de la compañía”, de acuerdo con los voceros de HP, radicados en Palo Alto. Esa explicación resulta insuficiente, pero está en manos de las autoridades mexicanas ahondar en las investigaciones. La Función Pública y la PGR tendrán, en todo caso, la última palabra.

EFECTOS SECUNDARIOS

RELEVO. La Asociación Mexicana de Capital Privado renovó su dirigencia.

En lugar de Arturo Saval –quien estuvo al frente de esa organización desde diciembre de 2011– llega Antonio Ruíz Galindo, quien es presidente y director general de Grupo IGS, fondo de capital privado en bienes raíces. Ruiz Galindo fue uno de los miembros fundadores de la AMEXCAP en el 2003 y ha fungido como Consejero.

Cuenta con una destacada trayectoria en las áreas de administración, finanzas, fondos de inversión y bienes raíces. En 1997 fundó la empresa Industrial Global Solutions de México S.A. de C.V. Grupo IGS ha promovido, desarrollado y administrado fondos de inversión, entre ellos “MéxicoReal Estate Investments, L.P”. y ha establecido asociaciones con Fondos  internacionales como “Prudential Real Estate Investors”, “Morgan Rio Investments”, AIG Global Real Estate, Lasalle Investment Managers.

Así mismo Grupo IGS llevó a cabo Oferta Pública de dos Certificados de Capital de  Desarrollo (CKD) a través de la BMV.

CLAUSURA. Por carecer de los permisos ambientales correspondientes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró el proyecto minero NASH en en Hermosillo, Sonora. Esa empresa trasnacional pretendía extraer hierro o mineral de fierro en el predio denominado Las Glorias no tramitó el cambio de uso de suelo en terrenos forestales que expide la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Dicho predio consta de 100 hectáreas, de las cuales ya había sido impactada un área de 7 mil 150 metros cuadrados proximadamente para el acceso y operación de polvorines.

En los últimos 14 meses se han clausurado ya once minas por diferentes irregularidades en algunos municipios del estado.

Por Alberto Aguirre / elarsenal.net