“Con fabricantes de pruebas, la CIDH investiga caso Iguala”

Menudos investigadores mandó a su país el mexicano Emilio Álvarez Icaza (secretario general de la CIDH) para indagar de manera sesgada el caso Iguala, en venganza contra el partido en el gobierno, que en 2009 votó en contra de que él fuera presidente de la CNDH.

Además de que cada seis meses cobran un millón de dólares del contribuyente mexicano, al menos dos integrantes, la colombiana Ángela Buitrago y la guatemalteca Claudia Paz y Paz, están incapacitadas éticamente para validar la averiguación que lleva la PGR.

1.-  Ángela Buitrago

Era fiscal de Colombia cuando en 2007 fabricó testimonios para inculpar por desaparición forzada a un coronel que fue absuelto el pasado 16 de diciembre y que la está demandando judicialmente por falsear de declaraciones y fraude procesal.

Conocida por su marcada animadversión hacia los militares, Buitrago se aferra en interrogar a soldados del 27 Batallón de Infantería por el caso Iguala, lo cual es impedido por nuestra Constitución, pero ella insiste y expresó su “preocupación” porque “limita los esfuerzos” por avanzar en la investigación.

Buitrago usó testimonios falsos para condenar a 30 años al coronel Luis Alfonzo Plazas Vega por supuesta desaparición forzada, aunque su acusación se cayó el pasado 16 de diciembre: la Corte colombiana anuló la sentencia y liberó de inmediato al inculpado, tras ocho años preso.

En 1985, Plazas Vega coordinó el rescate del Palacio de Justicia de Colombia, asaltado por guerrilleros marxistas, y dos décadas después, con fabricación de pruebas por parte de Buitrago, fue condenado por  “desaparición forzada” de dos de 11 asaltantes que no han sido hallados.

La Corte de Colombia acaba de liberarlo porque “Las pruebas no generan el grado de convicción exigido para infligir una condena a una persona que ha sido acusada de haber participado en la desaparición forzada de personas”.

2.- Claudia Paz y Paz

–Gilda Aguilar (en 2012 fiscal de Guatemala junto con Paz y Paz) la acusa de haberla presionado para dar trato preferencial y revocar órdenes de aprehensión contra guerrilleros marxistas. “Paz y Paz es política, no respeta la ley”, asegura Aguilar.

Aguilar se negó a revocar los delitos de los guerrilleros y sufrió un atentado con arma de fuego la noche del 22 de agosto de 2012, pero el ataque nunca fue procesado y alguien limpió la escena del crimen para obstaculizar la investigación.

Steve Hecht, presidente de la ONG guatemalteca Liga ProPatria, que asesora a Aguilar, está sorprendido de la presencia de Paz y Paz en la CIDH porque “en Guatemala hizo cosas ilegales y obstaculizó la investigación de un atentando”.

Eso nos mandó la CIHD a investigar el caso Iguala…

Y le pagamos un millón de dólares.

POR RUBÉN CORTÉS / MESA REVUELTA / elarsenal.net