¿Conoceremos la Verdad?

El 23 de marzo de 1994 fue asesinado Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato priista a la Presidencia de la República, en la colonia Lomas Taurinas de la septentrional Tijuana, enclave del narco, el contrabando de toda laya, pero también del arte en varias de sus manifestaciones. El crimen ocurrió en un mitin repleto de sospechas.

Tras 27 líneas de investigación, 17 dictámenes periciales, diez análisis de foto y video, dos diligencias de identidad, 58 declaraciones ministeriales, una entrevista, una averiguación previa, cuatro fiscalías especiales y un procurador, el Gobierno Federal dio su conclusión: Mario Aburto Martínez es el único responsable por el asesinato de Colosio.

En el interregno queda la participación de Manlio Fabio Beltrones Rivera, entonces gobernador del estado de Sonora, quien, según las crónicas de la época, jugó un papel esencial durante el lapso transcurrido entre la captura del pistolero y su internamiento en un penal de alta seguridad. Esa discreción puede ser premiada con la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una no muy remota candidatura, por dicho instituto político, a la Primera Magistratura del país.

El 28 de septiembre de 1994, el político guerrerense José Francisco Ruiz Massieu, entonces secretario general del PRI, fue ultimado a balazos en la ciudad de México por Daniel Aguilar Treviño. A 20 años y meses de distancia aún se ignora quién ordenó el asesinato y por qué. Han sido llevados a prisión el autor material del homicidio, así como Fernando Rodríguez González, Jorge Rodríguez González como autor y cómplice, respectivamente; también la vidente Francisca Zetina, “La Paca”. Nunca se ha conocido el móvil del crimen.

Raúl Salinas de Gortari aparece en el escenario sin que se le haya probado inculpación alguna relacionada con el asesinato de su ex cuñado. Otro personaje clave en esta historia es Manuel Muñoz Rocha, diputado priista en ese tiempo. Tras el asesinato del secretario general del PRI, por la noche se ocultó en casa de una hermana en la ciudad de México; cuando se fue dejó una maleta negra. Dentro de ella un cheque de caja por medio millón de nuevos pesos. El documento bancario fue cobrado por la esposa del político prófugo dos años después en Bancomer. A la fecha se desconoce el paradero del ingeniero tamaulipeco.

Rodolfo Torre Cantú fue baleado y muerto el 28 de junio de 2010, cuando se dirigía al aeropuerto de Ciudad Victoria, capital de su natal Tamaulipas. Según la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Costilla Sánchez, alias “El Coss”, líder del cártel del Golfo ordenó el asesinato del entonces candidato del PRI a la gubernatura de la entidad. Se ha dicho que el motivo para ultimarlo fue, supuestamente, por haberse negado a proteger las inversiones que permitían el lavado de dinero del grupo criminal, proveniente del narcotráfico.

La noche del jueves 14 de mayo de 2015, Enrique Hernández Salcedo, candidato del partido Morena a la presidencia municipal de Yurécuaro, Michoacán, fue asesinado a mansalva. Según declaraciones de José Martín Godoy, Procurador de Justicia del estado, el grupo agresor viajaba en una camioneta desde donde le dispararon a Hernández, quien recibió siete impactos de bala. Dicha autoridad ministerial aventuró una conclusión: es un problema entre particulares. Esta práctica nociva es utilizada con bastante frecuencia por agentes gubernamentales, para disolver la responsabilidad del Estado en situaciones que comprometen la legalidad de sus actuaciones.

Yurécuaro puede convertirse en el anti-ejemplo de los comicios limpios que tanto proclama Lorenzo Córdova, comisionado presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). Los amigos y familiares de Hernández Salcedo sospechan que el asesinato del fundador de grupos de autodefensas en la zona, jamás será esclarecido. De paso ofrecen su testimonio de la nula credibilidad en las elecciones.

¿Qué sino fatal se ha encargado de ensamblar la política con el crimen? ¿Algún día conoceremos la verdad de estos y muchos otros asesinatos? Los curiosos saben que la (PGR) adolece de muchos vicios; dos notables: la invención de culpables y el abandono de los casos después de consignados, confiados a una relación pervertida entre jueces y agentes del Ministerio Público.

Por: José C. Serrano / COLUMNAS, MISCELÁNEA / elarsenal.net