De Cassez a Patishtán

Al perro más flaco se le cargan las pulgas. Como siempre. Alberto Patishtán es un profesor tzotzil bilingüe de la sierra chiapaneca que fue detenido, enjuiciado y condenado a 60 años por un crimen que, según registros oficiales de su proceso, no cometió. Pero ahí sigue.

La necesidad institucional de tener un “culpable” para presentarlo a la opinión pública, para que las autoridades aparezcan como eficientes y para calmar la inquietud que suscita en una sociedad saber que un malhechor anda suelto, es la causa de incontables injusticias. Detenciones sin orden de aprehensión, con testimonios contradictorios de los cuales se borra el que liberaría al acusado injustamente, en fin, irregularidades del debido proceso. Hay casos, muy contados, en los que se logra revertir tal arbitrariedad. La explicación, me imagino, es el concepto de que “Todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros”.

Florence Cassez también fue condenada mediante un proceso indebido, falseado. El principio del debido proceso es justo, porque cuando se altera no puede existir seguridad en las conclusiones: con información falsa se llega a conclusiones falsas. Así, cuando el gobierno daña a una persona (declarándola culpable) sin seguir exactamente el curso de la ley, incurre en una violación del debido proceso; en este caso, se incumple el mandato de la ley; la autoridad viola la ley. Por eso, cuando salió a la luz la manipulación del proceso mediante el que se condenó a la francesa Cassez, se procedió conforme a derecho liberándola de inmediato.

Durante las incursiones militares y policíacas a las aldeas indígenas de Chiapas en la última década, hubo muertes y, por ende, autores de esas muertes. La razón de esos asaltos eran las viejas agresiones sufridas por los indígenas, a quienes durante mucho tiempo se les ha querido despojar de su tierra. Y como es lo único que tienen para sobrevivir, y como en la sierra no acostumbran aguantar ad infinitum los abusos porque todavía hay dignidad, los indígenas promovieron varias medidas para detenerlos. Y como ya sabemos que pasa en estos casos, no tuvieron éxito. Pero no dejaron de presentar un frente de inconformidad. En fin, que cuando hubo muertos se presentó la oportunidad de inculpar a uno de los más incómodos: el profesor bilingüe federal Alberto Patishtán, de la Sección 7 del SNTE.

Pese a las pruebas de que en el momento de ocurrir las muertes que se le imputan él estaba lejos, presente en una reunión oficial que tenía lugar en el salón de bienes comunales (según consta en la circular, las listas de asistencias y las testimoniales de los presentes), el maestro fue aprehendido una semana después. Los detalles de estos eventos y de la fabricación de pruebas están en el blog francés “Espoir Chiapas” (Esperanza Chiapas) .

Patishtán está preso desde junio del 2000. Se le acusa de haber masacrado él solo a siete policías y herido a dos personas más en la carretera Simojovel – El Bosque. Desde entonces ha interpuesto recursos cada vez ante instancias más altas, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero el miércoles pasado la Primera Sala de este cuerpo colegiado rechazó revisar el caso por ser ya cosa juzgada y lo mandó de regreso a Tuxtla Gutiérrez. “Estamos gobernados por la injusticia”, dijo el profesor Alberto.

Un contraste viene a cuento: el caso de Florence Cassez, como en el de Alberto Patishtán, eran cosa juzgada. En ambos hubo violaciones al debido proceso. A ella se le decretó libertad inmediata, pero el caso de él no fue digno de los ministros. Deberían fijarse más en los murales que ahí pintó Rafael Cauduro sobre “La historia de la injusticia en México”. Un juicio es un delito cuando no se apega al debido proceso, y torcerlo por discriminación étnica es una afrenta a México.

Por: Alfonso López Collada / elarsenal.net