Opinión
Desacato en San Lázaro

El Congreso de la Unión irá a un doble periodo extraordinario de sesiones para desahogar, aunque sea parcialmente, el cúmulo de pendientes provocado por el Pacto por México. En la agenda legislativa están inscritos: la reforma constitucional que creará la Comisión Nacional Anticorrupción y el nombramiento del consejero faltante del Instituto Federal Electoral.
¿Unos por otros? El gobierno peñista quiere que el abogado Virgilio Andrade, quien actualmente dirige la Comisión Federal de Reforma Regulatoria, quede al frente de la nueva instancia de fiscalizar a la burocracia. Y tanto el PAN como el PRD en la Cámara de Diputados bloquearon la designación del consejero electoral. Querían llevarla hasta octubre, para acompasarla a la elección de otros cuatro integrantes del IFE, incluido su nuevo presidente consejero.
La Comisión de Gobernación de San Lázaro, que preside el diputado priista Alejandro Moreno Cárdenas, desahogó el proceso de selección de aspirantes hasta presentar a la Junta de Coordinación Política una lista con los cinco candidatos mejor evaluados. Y nada más.
El pasado 29 de mayo, los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral emplazaron a la Cámara de Diputados a reanudar el proceso de designación del consejero electoral que sustituirá al doctor Sergio García Ramírez, quien renunció a su cargo, por motivos personales, hace seis meses.
La sentencia, contenida en el expediente SUP-JDC-896/2013, resuelve la queja presentada por la fracción parlamentaria del PRI en San Lázaro y requirió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocar “de inmediato” al pleno de los diputados una sesión extraordinaria en la que procederían a votar la terna que proponga el presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Luis Alberto Villarreal.
Los desacuerdos de los grupos parlamentarios trabaron la designación del suplente de García Ramírez. Pero solo eso: han provocado una tensión absurda e innecesaria entre los poderes Legislativo y Judicial.
¿Los tiempos políticos se imponen a la obediencia a la ley? Ahora no solo son los diputados, sino el Congreso de la Unión en su conjunto el que ejerce una actitud desafiante e irrespetuosa. Saben que tienen la situación bajo control pues en la definición de la reforma política, con el pretexto del compromiso contenido en el Pacto por México de crear un nuevo Instituto Nacional de Elecciones, podrían ceder a la tentación de inhabilitar a las autoridades administrativas y jurisdiccionales.
Ante el desacato del Legislativo, procede el incidente de inejecución de sentencia. Y que los magistrados de la Sala Superior corrijan la omisión de los legisladores. Allí están el caso de Sonora y, donde el Tribunal Electoral nombró a los consejeros electorales.
EFECTOS SECUNDARIOS
BLINDAJE. Apenas estuvo cinco días en el mercado. El letrero de “se vende” –una lona amarilla, con letras rojas– colocado en la fachada de la mansión del candidato del PRI a la gubernatura de Baja California, Fernando Castro Trenti en la colonia Lomas Altas, fue retirado subrepticiamente. Sus asesores tratan de evitar un desaguisado de proporciones catastróficas.
¿LAICOS? Aquellos que piden que la Secretaría de Gobernación sancione a la alcaldesa panista de Monterrey, Margarita Arellanes, por su ruego pro la seguridad de la urbe regia, olvidan que los sujetos obligados por la normativa en la materia –la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público– son las Iglesias. Muchos priistas se indignaron por la invocación pública a Jesucristo vertida por Arellanes. Ojalá y fueran igual de críticos con el ingeniero Gustavo Lara, candidato de la coalición PRI-Partido Verde a la alcaldía de Ajalpan, Puebla, cuya propaganda reza lo siguiente: “Desde diversas posiciones –como profesionista, empresario, creyente en Dios y sobre todo como ser humano comprometido con la sociedad– ha brindado apoyo para la construcción y equipamiento de diferentes iglesias, pues está convencido que los buenos sacerdotes forman mejores seres humanos”. ¡Amén!
TIRRIAS. El presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Mony de Swaan, llegó una hora tarde a la sede del Senado de la República, donde ayer atendió el emplazamiento de los legisladores, que le pidieron cuentas sobre el “apagón analógico”. Los senadores reclamaron la actitud altanera, “incluso grosera” del comisionado, quien fiel a su estilo, aseguró que si algún operador no ofreció la señal cuando se dio el apagón analógico en Tijuana, será sancionado y pidió esperar a los resultados de la investigación sobre lo ocurrido a finales de mayo en de Rosarito, Ensenada y Tecate, Baja California.
CORRECCIÓN. La última palabra sobre la vigencia de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares, mejor conocida como prueba Enlace, debe ser dictada por un comité de especialistas, tanto de México como de otros países, cuyos integrantes serán nombrados por la junta de gobierno del nuevo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que preside la maestra Silvya Schmelkes. Para ese organismo autónomo, la continuación o suspensión de una política educativa debe obedecer a una evaluación sólida de la naturaleza e impacto de la misma. Lo que ha de caracterizar el trabajo del INEE es que toda recomendación que emita a los diseñadores de las políticas educativas debe estar sustentada en evidencias.
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Por: Alberto Aguirre M. / elarsenal.net / Correo electrónico: aam@mexico.com
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