Detrás de MexicoLeaks

En la parte superior de la invitación para el lanzamiento de MéxicoLeaks aparecen el escudo nacional y los logotipos de la SEP y Conaculta. Y en la parte inferior, las imágenes de los ocho medios de comunicación patrocinadores de esta iniciativa… eso y la participación del reportero Irving Huerta, como representante de la “Unidad MVS/Aristegui”, en la conferencia de prensa en la que fue presentada esta “plataforma independiente de denuncia ciudadana y transparencia” justificaron el deslinde de la familia Vargas y la redefinición de su política editorial.

La marca registrada y el nombre comercial de Noticias MVS, quedó claro, pertenece a los herederos de Joaquín Vargas. Carmen Aristegui y su equipo –quienes durante seis años han construido una sólida reputación, por su estilo periodístico– no están autorizados a suscribir alianzas estratégicas o presentar los logotipos de lo que hasta la semana pasada consideraban su casa.

La invitación para la presentación de MexicoLeaks corrió a cargo de la Red de Periodistas de A pie. La cita ocurrió en los bajos de la Estela de Luz. Y antes de los comentarios, la audiencia pudo ver un promocional en el que aparecen a cuadro editores de Emequis, Animal Político y de Proceso, además de representantes de las ONG Red R3D, PODER y Másde131.

Para ese video fue entrevistado Daniel Lizárraga, integrante de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Primera Emisión –el matutino que Aristegui conduce entre las 7 y las 10 de la mañana diariamente en el 102.5 de FM–, en las instalaciones de MVS Radio. “Los medios necesitamos diversificar las fuentes… allegarnos de información que no siempre está a la vista, que es la más complicada de conseguir”, sostiene, a cuadro.

El diferendo entre Aristegui y la directiva de MVS encubrió la participación de la organización Free Press Unlimited en la planeación y puesta en operación de esta “plataforma para filtraciones”. Radicada en Amsterdam, esta agrupación ha enfocado su trabajo a regiones “inestables o reprimidas”: después de promover el periodismo ciudadano en Kosovo, lanzar radios comunitarias en África y desarrollar plataformas digitales en los países que vivieron la “Primavera Árabe”, FPU se enfocó en México. Y con el patrocinio de la lotería holandesa y la empresa greenhost –que brinda soporte tecnológico a las plataformas digitales en las que corren sus proyectos– dispondrá de un millón de euros en un programa cuatrianual en los cinco continentes.

En México, de acuerdo a sus registros, desde al menos hace tres años han invertido 54,000 euros en México para tratar de proteger a los periodistas y medios independientes presuntamente expuestos a “graves riesgos”, ante la corrupción del gobierno y los “despiadados mecanismos” de los narcotraficantes. Una de sus primeras contactadas fue la reportera de investigación Anabel Hernández, autora de dos libros sobre la guerra contra el narcotráfico emprendida por el calderonismo y quien en la última etapa de esa administración federal estuvo sujeta a amenazas que comprometieron su integridad física.

A mediados del 2013, Hernández propuso un taller de capacitación y FPU ofreció absorber los costos de la estancia de 140 reporteros y editores de todo el país, quienes durante cuatro días escucharon a expertos centroamericanos en materia de seguridad digital, emocional, física y jurídica, además de compartir experiencias con Hernández y Elia Baltazar. Desde entonces han establecido una asociación estratégica con Periodistas de A pie, un colectivo de reporteras focalizado a asesorar y capacitar a reporteros, principalmente en zonas de alto riesgo.

A mediados del año pasado, la escritora y activista Albana Shala realizó un primer viaje a México para buscar socios para su nuevo proyecto: la tropicalización de Publeaks.nl, el “hub para informantes” desarrollado por la FPU. Shala contactó a las periodistas Marcela Turati y Daniela Pastrana quienes la ayudaron a contactar a una decena de periodistas independientes –no medios informativos, en ese momento– que pudieran compartir la misión de encontrar al “Snowden mexicano”. La convocatoria incluyó a editores de diarios de la Ciudad de México (Reforma y El Universal, quienes finalmente declinaron la oferta) y reporteros de Emequis y Proceso, además de las unidades especiales de los portales Animal Político y Aristegui Noticias.

Estos últimos ya habían comprobado el éxito de las alianzas colaborativas con otros medios para esquivar la cerrazón gubernamental y cualquier intento de censura por parte de los dueños de los medios. Carmen Aristegui compartió con corresponsales extranjeros y directivos de La Jornada, Reforma y Proceso su archivo sobre la “casa blanca” de las Lomas y les propuso hacerla pública simultáneamente. De esa iniciativa –como del involucramiento de Irving Huerta y Daniel Lizárraga en MexicoLeaks– no fueron notificados los directivos de MVS.

La irrupción de estas nuevas coaliciones informativas ha abierto nuevos debates. Entre ellos, la protección a los whisterblowers (informantes, en la acepción más aceptada en español) en la legislación en ciernes sobre transparencia y acceso a la información incorpora un capítulo sobre el particular, por impulso del senador perredista Zoé Robledo.

El affaire propiciado por MexicoLeaks dentro de MVS involucra el derecho a la libertad de expresión, sin duda, pero también el de la propiedad intelectual ¿Y el derecho de las audiencias de un medio de comunicación electrónica que opera bajo una concesión pública?

Por lo pronto, MVS hizo público que los conductores de sus tres noticieros han quedado ahora bajo la coordinación de José Antonio Vega Mijares El Chino. Y que la definición de su política editorial deberá ocurrir dentro del comité editorial, cuya sesión de este lunes será determinante para el desenlace del diferendo entre la empresa y la periodista más influyente de la radio mexicana, quien paradójicamente estaría próxima a salir del aire.

POR ALBERTO AGUIRRE / elarsenal.net