El candidato con ejército propio

¿Puede en México un ciudadano levantado en armas junto con su ejército personal ser candidato a gobernador? Y si sus acciones armadas supuestamente contra el crimen le permiten tener una gran ventaja en su momento contra otros posibles contendientes, ¿es esto todavía parte de una democracia real y válida? Bueno, pues esto es uno de los saldos del primero año del gobierno de Enrique Peña Nieto. Un muy serio deterioro de la democracia…

A unos días de que se cumpla este primer año con Peña, podemos observar una grave afectación de las condiciones de seguridad en gran parte del país. Nos hemos detenido antes a criticar a detalle lo cáustica que resulta la propuesta fiscal del PRI y los muchos daños que va a causar a partir de enero en la economía familiar, pero eso no será pretexto para evitar ahondar en el fracaso de las políticas de seguridad, si es que las hubiera.

Para empezar, no existe realmente una estrategia de seguridad, a menos que pueda recibir ese nombre una serie de despropósitos y palos de ciego al crimen organizado, es decir, la suma de actos desarticulados que no llevan a nada.

¿Por qué no hay una estrategia para combatir la inseguridad? Porque el gobierno no lo considera importante, por falta de voluntad política y porque se encuentra muy instalado en una zona de confort ante el sufrimiento cotidiano de miles de familias que deben enfrentar como sea las condiciones que imponen grupos de asesinos.

El gobierno de Peña Nieto no se distingue, entonces, en lo más mínimo, por defender a la ciudadanía. Al contrario, se distingue por abandonar a la gente a su suerte y no mover un dedo para protegerla.

Ejemplos hay muchos, pero pensemos en Michoacán, donde cada día no son detenidos los enviados del crimen que pasan a cobrar cuotas a la gente de bien, a cambio de no ser asesinados, secuestrados o sus propiedades incendiadas. ¿Qué pasa?

Pero no sólo es que no haya una estrategia de seguridad. Los servicios de inteligencia tampoco deben estar cumpliendo a carta cabal con sus obligaciones legales. ¿Por qué? Porque si lo hicieran, tendrían perfectamente ubicados a todos los líderes criminales en ese estado y en todos los demás, y con esa información, las policías habrían podido detenerlos en cualquier momento. Pero no sucede esto jamás.

Aún peor sería el escenario en el que las corporaciones de inteligencia en este país sí funcionaran, sí cumplieran con sus funciones, pero esa información sensible se quedara en el escritorio de los funcionarios federales que toman decisiones para proceder… Y esto va desde el secretario de Gobernación, a quien maneja la Policía Federal, entre muchos más…

¿No cuentan con la inteligencia necesaria para combatir al crimen? O si la tienen ¿no la utilizan en beneficio de la gente? Sea una cosa o la otra, no hay avance alguno. Y prueba de esto  -siguiendo con el ejemplo de Michoacán-, es que se tolere simultáneamente la operación de cárteles de la droga y otros delitos, tanto como a supuestos ciudadanos organizados y armados, cuyo objetivo único, dicho por uno de sus líderes visibles hace poco, es “exterminar” a los cárteles en ese estado…

Cuando en una entidad del país el crimen opera a sus anchas y sus persecutores no son las autoridades de ningún nivel, sino unos ciudadanos con armamento y que nadie sabe de qué viven y cómo financian sus actividades, no sólo se trata de un estado sin poderes que pongan orden, sino de un consumado Estado fallido.

Si las tales autodefensas resultan ser las únicas que, al menos en Michoacán, pueden poner un alto al crimen organizado, y ya no sólo desean poner orden en cerca de una decena de municipios, sino en todo el territorio de tal entidad, de entrada todo está mal. Ya el problema era malo, muy serio y hondo, pero la supuesta solución no es nada alentadora.

Las autodefensas, y acaso no pocos lo vean con alegría, son la semilla de una revolución armada, que, sin ideología y con patrocinadores oscuros, reemplaza ya las funciones de muchas autoridades municipales y estatales, e incluso, la influencia de las federales. ¿Qué sigue? ¿Declarar  “territorios liberados”?

Todo este esquema de “territorios autónomos” es justo el fin de la potestad del Estado nacional y de su soberanía. Es un esquema que se puede reproducir en muchas entidades más, como Guerrero y Tamaulipas.  ¿A quién le conviene esto? ¿Quién está dejando que esto suceda sin hacer nada?

Y además, claro, todo esto tiene una faceta electoral. José Manuel Mireles, el líder de las autodefensas en Michoacán… ¿va a ser postulado para gobernador? ¿Hay algo que se lo impida? Es un ciudadano… armado. Pero sigue siendo ciudadano. Y claro, con respaldo de mucha gente.

¿Puede un ciudadano levantado en armas ser candidato a gobernador? Hoy a gobernador… mañana a presidente de la República.

Ahora en cada estado no pocas personas querrían armarse, pretextando el combate al narcotráfico, y en su momento gracias a este método conquistar el poder a través de las urnas… O ser un factor decisivo al apoyar a algún títere…

Mireles puede ser candidato a gobernador. Si no quiere ir él mismo, ¿quién sería su candidato? ¿De qué partido sería? Si se disuelven los poderes en Michoacán, Mireles sería el gobernador de facto, y con apoyo ciudadano… ¿Quién gana con esta jugada? El PRI ya perdió…

Todas estas condiciones tan novedosas como desastrosas son sin duda la tumba del Estado. Los electores serían ahora ya no los ciudadanos, sino las Autodefensas contra Los Templarios…

Por ello, lo repetimos: Michoacán, la tumba de Estado de Derecho… Y ésta es sólo una faceta de muchas, en el primer año de gobierno de Peña Nieto…

por Raúl Tortolero / elarsenal.net