El caso Iguala

 ”Con energía y contundentemente”, Carlos Navarrete Ruiz, comprometió el respaldo del PRD a las acciones que el gobierno federal emprenderá para regresar la paz y la tranquilidad a Guerrero. ¿Incluida la remoción del gobernador Ángel Aguirre Rivero? Sí, siempre y cuando también caigan el tamaulipeco Egidio Torre Cantú y el mexiquense Eruviel Ávila Villegas.

¿O todos coludos…? En su estreno, el nuevo dirigente nacional del sol azteca saludó la “contraofensiva” estatal en este nuevo capítulo de la guerra contra el crimen organizado en la Tierra Caliente, y aunque aceptó su culpa, al haber respaldado la unción de José Luis Abarca como alcalde de Iguala, en uno de los capítulos más oprobiosos de la historia político-electoral de la izquierda mexicana: para acabar con el cacicazgo político de Rubén Figueroa Alcocer, sendas facciones priistas y perredistas se aliaron con criminales. A cambio de financiamiento, les entregaron la plaza.

“Allá sabían de sus nexos con los malosos”, remarcan funcionarios federales de primer nivel, “que trascendían las relaciones partidistas. Unos y otros forman parte de la misma familia”.

A diferencia de Jesús Reyna y los alcaldes michoacanos, Abarca pudo darse a la fuga, con la complicidad de autoridades estatales y federales, que hasta hace muy poco brindaban su respaldo absoluto al gobernador Aguirre Rivero.

La nueva dirigencia nacional del PRD viaja a Iguala para arropar a su gobernador y exigir al gobierno federal que asuma su responsabilidad en la crisis de gobernabilidad.

El gesto, vistoso, pero inútil pues los focos rojos se reproducen por toda la entidad y tienen su expresión más visible en Acapulco, inhóspita para sus habitantes y segura los fines de semana para los visitantes, quienes tienen asegurada su tranquilidad con la fortificación de la zona turística.

En Iguala, desde la agresión que sufrieron los militantes de la Unión Popular, hay un pasado de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, atentados en contra de la integridad de las personas, y omisiones en el cumplimiento de la función de seguridad pública. 

 Tristemente, ese municipio ha vuelto a ser en el epicentro del estado de zozobra y desesperanza imperante en la entidad gobernada por Ángel Aguirre Rivero: delincuencia más organizada que el Estado; alcaldes y funcionarios estatales organizados para la rapiña del presupuesto e indolentes ante la inseguridad y la violencia; una pésima procuración de justicia.

Ayer, al mediodía, el presidente Enrique Peña Nieto interrumpió momentáneamente sus actividades para hacer explícita su consternación, tras de la agresión sufrida por los normalistas de Ayotzinapa. Un viraje en la política comunicacional de Los Pinos que, en esta primera versión, resultó fútil.

¿El despliegue de la Gendarmería y las indagatorias de la PGR acabarán con el dominio de los criminales en aquella región de la entidad guerrerense? “No cabe el más mínimo resquicio para la impunidad”, ha dicho el Ejecutivo federal, dando voz a la indignación social.

Tantas lamentaciones, condenas y exigencias, solo anticipan el peor de los escenarios. El esclarecimiento de la matanza de los 43 estudiantes desaparecidos el 27 de septiembre es una tarea que le corresponde cumplir, a través del fincamiento de responsabilidades y la aplicación de la justicia.

Aguirre Rivero, por su parte, declaró estar dispuesto a dejar la gubernatura si esa fuera la solución. “Pero no me voy a ir como asesino o como delincuente”, atajo, “nunca me he manchado las manos de sangre”. Nadie lo acusó de eso, sino de omisión y lentitud… y de haber querido trasladar la responsabilidad de restaurar el orden y la seguridad a las autoridades federales.

Las fallas en los aparatos de seguridad y de procuración de justicia en Guerrero quedaron retratadas en el Informe Especial publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el  17 de diciembre de 2013. Justamente, el “caso Iguala” representa la última carta de Raúl Plascencia Villanueva en su carácter de ombudsman nacional, pues por segunda ocasión concretará una investigación por violaciones graves a los derechos humanos en aquella entidad.

EFECTOS SECUNDARIOS

REMOVIDOS. Sobre la “depuración” de los mandos medios y superiores del nuevo IFAI, ordenada por la presidenta comisionada, Ximena Puente, vale la pena hacer una corrección importante: Alfredo Méndez Calatayud no ha dejado la dirección informática y TIC’S; José Luis Marzal, director de coordinación y vigilancia, es quien sale del organismo, después de haber coordinado la elaboración de la (no presentada) acción de inconstitucionalidad sobre la Ley de Telecomunicaciones.

ARRANQUE. Los desafortunados eventos que están en curso podrían modificar la fecha que en el Senado de la República habían programado –viernes 10– para abrir el proceso definitorio del próximo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El consenso entre expertos en esas temáticas, legisladores y funcionarios federales apunta a la no ratificación de Raúl Plascencia Villanueva como ombdusman, quien no obstante participaría en la selección, junto con el académico Ernesto López-Portillo –el único que abiertamente cabildea, en busca de apoyos de las ONG–, Jaime Rochín, del CAVEA; y Ricardo Bucio, de la Conapred.

Habría un caballo negro en esta contienda, si se confirma lo que a finales de la semana pasada se daba como un hecho: la inscripción de Emilio Álvarez-Icaza, que daría otro vuelco a esta contienda.

CENTRO.

A partir del próximo lunes, la Ciudad de México se convertirá en la capital hemisférica del derecho administrativo, con la realización continua del Foro Iberoamericano y el Congreso Iberoamericano en la material, convocados por el magistrado Manuel Hallivis Pelayo, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en su calidad de presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Además, está al frente de la directiva de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa.

por Alberto Aguirre / La Columna / elarsenal.net